El proyecto de Ley 1520, de iniciativa fujimorista, fue aprobado este martes 14 en la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República con 10 votos a favor, 1 en contra y 2 dos abstenciones. Ahora deberá debatirse en el Pleno para ver si se aprueba. Este dictamen tiene como aparente objetivo garantizar “la vida y el bienestar de la persona humana“ mediante la protección de la madre gestante, del niño por nacer y su entorno familiar. Sin embargo, su aprobación amenazaría el derecho de acceso a la salud de miles de niñas, adolescentes y mujeres, ya que intervendría en el proceso del aborto terapéutico. También dificulta el avance hacia la el reconocimiento del derecho al aborto legal en el Perú.
“Todo niño tiene derecho a nacer y que ello ocurra en un entorno sano, digno y seguro, así como que se le reconozcan todos los derechos inherentes a su condición para garantizar su bienestar”, indica el artículo cinco de dicho proyecto de ley.
Seguido de ello, la sustentación de esta medida menciona que es necesario que los niños gocen de derechos desde el momento de su concepción. “No podemos dejar pasar que respecto a este derecho [a la vida] se reputa su capacidad de goce desde el momento de la concepción”, precisa el documento.
Este proyecto pretende que todas las gestantes concluyan sus embarazos, lo cual podría afectar determinados tratamientos de salud aplicados para situaciones de riesgo durante el período de gestación.
Aunque en el Perú no está reconocido el derecho al aborto legal, desde 1924 existe la figura del aborto terapéutico. El Código Penal define este proceso de la siguiente forma.
“No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”. Artículo 119 del Código Penal Peruano.
Esta figura podría verse afectada tras el reconocimiento de los derechos del “niño por nacer”, ya que su aprobación niega la posibilidad de intervenir en el embarazo a través de procedimientos médicos, aunque se trate de un caso de violación sexual en una menor de edad o la salud de la gestante se encuentre en riesgo.
