Un parque automotor obsoleto y sin mantenimiento ha afectado el traslado hasta tribunales de más de mil presos del Centro Penitenciario de Occidente I y II, conocido como la cárcel de Santa Ana, ubicada en el estado Táchira.
Tanto los familiares como los abogados de los privados de libertad se encuentran preocupados porque esto afecta el proceso judicial de los reclusos, al punto que los juicios pueden ser interrumpidos por completo.
“Lo más grave es que los jueces saben la situación, que es algo que no es responsabilidad del preso, y lo que dejan por sentado es que fue el interno el que se negó a acudir a la audiencia. Esto puede traer como consecuencia una carta de mal comportamiento para el privado de libertad”, explicaron los denunciantes al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Las excusas que dan en el penal van desde que los vehículos están dañados hasta que no tienen gasolina. En este recinto penitenciario hay tres autobuses, pero aparentemente uno solo está en condiciones y se desconoce por qué no es utilizado.
“En una oportunidad se presentó el mismo problema y, a través de un convenio con el sindicato de transporte, comenzaron a realizar los traslados. Estos los debía pagar el Ministerio de Servicios Penitenciarios, pero no lo hicieron, por lo que los transportistas dejaron de prestar el servicio”, relataron familiares de los presos al OVP.
De la misma forma revelaron que muchas veces les ha tocado recorrer gasolineras o pagar el combustible para que sus seres queridos puedan ser trasladados e incluso alquilar autobuses. No obstante, en esta oportunidad no les dicen nada sobre la situación, por lo que están sumamente preocupados por lo que pueda suceder con todo el proceso judicial de los privados de libertad.
