Este martes, el ministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami, denunció en el Ministerio Público al exministro chavista, Rafael Ramírez, por un supuesto «mega robo» cometido durante su gestión al frente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y pidió que se tramite una orden de captura internacional en su contra.
Sin embargo, antes de que Ramírez rompiera en 2017 con Maduro, en 2016 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, avanzara con las investigaciones por la corrupción en la estatal petrolera.
En el fallo número 893 del 25 de octubre de 2016 la Sala Constitucional suspendió la investigación que llevaba adelante la Comisión de Contraloría del Parlamento alegando eventuales daños a la imagen de PDVSA y reacciones adversas en los procedimientos arbitrales de la empresa era parte.
Al año siguiente, la misma Sala Constitucional, en fallo número 88 del 24 de febrero de 2017 con ponencia de la magistrada chavista Gladys Gutiérrez, ordenó a Contraloría General de la República investigar al diputado Freddy Guevara, quien había liderado la investigación contra Ramírez en la Asamblea Nacional.
VIDEO | El día que Maduro y Diosdado defendieron al «compañero» Rafael Ramírez
