El colombiano Alberto Enrique Giraldo Saray, acusado de difundir «noticias falsas» sobre la campaña militar rusa en Ucrania, trabajaba para una compañía estadounidense que falsificó la supuesta injerencia rusa en los comicios presidenciales de Estados Unidos de 2020, informó hoy el Comité de Instrucción de Rusia.
«Se tradujo e investigó la correspondencia del acusado con otros participantes de la causa, ciudadanos de un país latinoamericano. Se estableció que llevaban a cabo sus actividades por encargo de la organización extranjera Digital Humanity (EEUU)», señaló la entidad rusa al dar por terminadas las investigaciones.
El Comité de Instrucción ruso recordó que Digital Humanity está relacionada con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), vetada en Rusia desde 2012.
«Se desveló toda la cadena de financiación del grupo criminal, que incluía el uso de criptomonedas», indicaron los investigadores rusos.
Durante las investigaciones se obtuvieron informaciones sobre el uso por parte de este mismo grupo de personas de «un esquema similar de uso de dispositivos móviles con tarjetas SIM de operadores rusos para empañar las elecciones de 2020 en EEUU y simular la injerencia rusa en dicha campaña electoral», señaló el Comité de Instrucción.
«Estas pruebas serán estudiadas para determinar si se trata de delitos que atentan contra la seguridad del Estado», añadieron los investigadores.
El Comité de Instrucción de Rusia abrió una causa penal en contra del ciudadano colombiano en abril pasado por difundir «noticias falsas» sobre la campaña militar rusa en Ucrania, un cargo que podría costarle hasta diez años de cárcel.
Según la investigación, entre el 8 y 18 de marzo de 2022 Giraldo Saray ubicó varios dispositivos móviles en un centro comercial de Moscú para un envío masivo por control remoto de mensajes con informaciones falsas sobre las acciones de las Fuerzas Armadas en Ucrania.
En caso de que sea declarado culpable, podría ser multado con entre 3 y 5 millones de rublos (de unos 40.000 a 67.000 dólares) o condenado a cinco años de trabajos sociales obligatorios o una pena de cárcel de entre 5 y 10 años. EFE
