Ocho organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron preocupación por la posible aprobación de una ley que busca controlar, restringir y potencialmente criminalizar a las Organizaciones No Gubernamentales en Venezuela.
El parlamento chavista presentó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que contraviene normas y estándares internacionales, afirmaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Robert F. Kennedy Human Rights, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P), Oficina en Washington Para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y Human Rights Watch (HRW).
Las organizaciones alertan que sería una estrategia del régimen de Nicolás Maduro para limitar la labor de las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.
«De aprobarse este proyecto tendría el efecto de seriamente obstaculizar y potencialmente, criminalizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el país, y aumentaría el cierre del espacio cívico.»
El proyecto propone la creación de un «régimen uniforme» para la constitución, registro, funcionamiento y administración de las organizaciones no gubernamentales (ONG), obligándolas, entre otras cosas, a solicitar autorización para su creación y acreditación para poder funcionar en el país. Las organizaciones no podrán operar sin dicha autorización, y quienes lo hicieran podrán ser objeto de sanciones. Esto implica una restricción inaceptable a la libertad de asociación y otros derechos relacionados.
Esta legislación obligaría a las personas o entidades a inscribirse en el Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, indicando y divulgando periódicamente la recepción de financiación extranjera, y de no hacerlo podrían enfrentarse a multas, a la cancelación de su inscripción oficial y a acciones penales en virtud de la citada ley contra la delincuencia organizada.
Las organizaciones destacan que esta nueva normativa es una estrategia sostenida en el tiempo para limitar el trabajo de las OSC, así como de un discurso oficial que, durante años, ha estigmatizado a las organizaciones que trabajan en derechos humanos.
Asimismo instaron a la comunidad internacional de países democráticos, en particular a los de América Latina, a rechazar este proyecto y hacer un llamado a poner fin a la criminalización y persecución de las personas defensoras de los derechos humanos y las OSC (organizaciones de la sociedad civil).
Finalmente invitaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien visita el país esta semana, a rechazar y exigir a las autoridades el archivo de esta propuesta ley, y a destacar durante su visita la importancia de garantizar un ambiente propicio para que las organizaciones de la sociedad civil puedan operar libres de presiones.
