La ONG Acceso a la Justicia afirma que la persecución contra el movimiento sindical se agudiza mientras aumenta la conflictividad social en Venezuela.
«En los primeros seis meses del año, se registraron 4.351 protestas, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). El número es 11,79 % superior al del mismo período del año anterior, cuando esta misma organización contabilizó 3.892 manifestaciones», destaca Acceso a la Justicia en su publicación.
Agrega que «7 de cada 10 de las acciones de calle que se produjeron en el país entre enero y junio de este año tuvieron como propósito demandar mejoras salariales o el cumplimiento de los contratos colectivos».
«Frente a estos datos no debe extrañar que, en el mismo período, 6 dirigentes sindicales hayan sido condenados a largas penas de prisión y que 22 más hayan sido detenidos por los cuerpos policiales y militares por ejercer sus derechos a la manifestación o a la huelga», resalta.
Como se recordará, los activistas fueron apresados entre el 4 y 7 de julio de 2022 por participar en la ola de protestas que provocó la aplicación del polémico instructivo salarial dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), gracias al cual millones de trabajadores públicos vieron reducirse sus bonificaciones y primas, irrespetando lo establecido en las convenciones colectivas.
Insiste la ONG que «lo ocurrido a los sindicalistas pone de manifiesto que los derechos a la protesta, a la huelga y a la libertad de expresión están en entredicho en el país. Asimismo, revela que las autoridades insisten en recurrir a la represión para combatir la conflictividad social y laboral, en lugar de buscar atacar sus causas: erróneas políticas económicas que sumieron al país en una hiperinflación histórica, que acabó con buena parte del aparato productivo, incluida la industria petrolera, y ha llevado a millones de sus habitantes a la disyuntiva de emigrar o subsistir en la informalidad.
«Pese a que no hay motivos para creer que el Gobierno vaya a cambiar de rumbo, tampoco los hay para creer que la represión estatal servirá para poner fin a las protestas. No se puede olvidar que en los últimos tres lustros aproximadamente 300 trabajadores han sido sometidos a procesos judiciales, muchos de ellos con régimen de presentación que sobrepasa los siete y ocho años, de acuerdo con los reportes de Provea», acota.
Con información de Acceso a la Justicia
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