La ausencia de datos concretos sobre el número de víctimas de suicidio entre los refugiados y solicitantes de asilo «dificulta la prevención» de este fenómeno en este sector de la población, según varios expertos que participaron este lunes en un encuentro en Madrid de la organización Diaconía.
Tras un conversatorio sobre el suicidio y la prevención social, el coordinador estatal del área de Urgencia Social de Diaconía e investigador sobre exclusión social y prevención de la delincuencia, Esteban Buch, explicó a EFE que la ausencia de datos lastra las acciones para detener el suicidio en la población migrante.
Buch y el resto de participantes destacaron la relación entre el suicidio y la vulnerabilidad social, que puede afectar a la población migrante y, en particular, a los refugiados y solicitantes de asilo. Un problema que solo en 2022 en España dejó once muertes por día, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Según apuntó el experto, no existen cifras concretas de la población migrante afectada, aunque aseguró que desde el Gobierno de España y desde las instituciones europeas se están llevando a cabo acciones para elaborar una base de datos con los casos de suicidio para conocer este fenómeno en profundidad.
«Si ya de por sí (el suicidio) es un fenómeno invisibilizado, todavía se invisibiliza más en la población migrante y en solicitantes de asilo», incidió Buch, quien consideró que la consecuencia de esta falta de datos es que, «al no saber el fenómeno al que te enfrentas, es muy difícil poner acciones que vayan destinadas específicamente a este colectivo».
En cuanto a las razones detrás de esta conducta, si bien se considera multicausal, uno de los factores de riesgo en el caso de la población migrante tiene que ver «exclusivamente con la capacidad que tiene de gestión el país receptor para favorecer la integración».
«Las personas migrantes enfrentan un proceso de inclusión que está rodeado de factores como el desempleo, la falta de vivienda, la imposibilidad de acceso a los recursos públicos…», enumeró Buch, algo que se agrava en el caso de los solicitantes de refugio y asilo.
«A las dificultades y factores de riesgo que se atribuyen al país receptor sumamos todas las dificultades que enfrentan en el país de origen, en el tránsito y también en la llegada», precisó.
Por su lado, la psicóloga sanitaria de urgencias Juana Romero subrayó la importancia de «entender la cultura de la que viene la persona», ya que, según destacó, los factores «precipitantes» de esta conducta suelen ser diferentes a las características asociadas a los migrantes.
«Estas personas lo tienen tan normalizado (las situaciones de abuso o traumas de diferente índole) que aunque sean factores de riesgo no suelen ser los que desencadenan las situaciones de intentos autolíticos (autolesiones) que hemos encontrado», manifestó Romero.
La organización española Diaconía cuenta con el proyecto Zoé (que en griego significa vida) para prevenir el suicidio en grupos vulnerables y sensibilizar a la sociedad acerca de este problema, así como ofrecer contenido a profesionales y formación a personas vulnerables.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la prevención del suicidio una prioridad global y recomienda a los gobiernos que habiliten recursos para ayudar a las personas con ideas suicidas, cuyo sufrimiento es el resultado de un conjunto de factores psicológicos, biológicos y sociales que pueden prevenirse y tratarse.
El 10 de septiembre, el próximo domingo, es el Día Mundial para la prevención del suicidio. Según datos de la OMS cada año, más de 703.000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. Desde que se declaró a la Covid-19 como una pandemia en marzo de 2020, «más individuos experimentan pérdida, sufrimiento y estrés», recuerda la organización.
EFE
