El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó al fiscal general, Francisco Barbosa, de dar un «golpe contra la Constitución», después de que esa entidad pidiera a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y a otros organismos que se indague la financiación de su campaña electoral de 2022.
Petro respondió así a un comunicado divulgado anoche por la Fiscalía en el que señala que notificó a los organismos de control sobre el presunto ingreso de dinero no declarado a su campaña presidencial, con base en declaraciones de su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
«El fiscal general compulsa copias contra mí, basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí, cuestión que es un verdadero golpe contra la Constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente ahora», manifestó Petro.
El mandatario criticó además, que «de manera aberrante, una revista publica el interrogatorio de mi hijo, cuando la ley no permite la publicidad de esos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados».
El pasado sábado, la revista Semana publicó los videos de un interrogatorio en la Fiscalía en el que Petro Burgos, primogénito del presidente, reveló que su padre sí sabía del supuesto dinero irregular que entró en la campaña con la que ganó las elecciones de 2022.
En ese interrogatorio, Petro Burgos señaló que su padre «sabía perfectamente» que Euclides Torres, un empresario de Barranquilla, «era quien financiaba la campaña», dinero que al parecer es ilegal porque no fue reportado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), según el hijo del mandatario.
«Y de manera mas aberrante aún, en el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto al parecer por el empresario Euclides Torres que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir, que no esta cobijado por la ley electoral de campañas», agregó el presidente en su mensaje de este martes.
En una aparente admisión de que sí sabía de lo ocurrido, Petro criticó que ni a la Fiscalía ni a la revista «se les ocurrió siquiera comprobar la fecha del acontecimiento para ver si ese acto, la manifestación de la P en Barranquilla, estaba cobijado por la ley de financiación de campañas».
Lupa en la campaña
La manifestación a la que Petro hace referencia tuvo lugar el 10 de septiembre de 2021 en Barranquilla, donde el escenario estaba decorado con una inmensa letra «P» de color rojo, alrededor de la cual se concentraron los asistentes.
Según Petro, «el fiscal general compulsa copias a la Comisión de Acusación de la Cámara sobre un hecho que no es para nada irregular: una reunión política, que es un derecho, y que no perteneció a la campaña sencillamente porque se realizó cinco meses antes» de las elecciones, cuando aparentemente no estaba limitado por las leyes electorales.
Con base en las declaraciones de Nicolás Petro, la Fiscalía anunció anoche que el fiscal delegado ante el tribunal que lleva el caso envió «copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, para que (…) se indague la presunta ocurrencia de delitos relacionados con la financiación de la campaña presidencial» de Petro en 2022.
Al ser Petro un funcionario protegido por el fuero presidencial, la Comisión de Acusaciones de la Cámara es el único órgano competente para investigarlo y eventualmente juzgarlo.
Según la Fiscalía, esas notificaciones las hizo porque en un interrogatorio que tuvo lugar el 2 de agosto, Petro Burgos «realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, actual presidente de la República de Colombia».
EFE
