El Tribunal Electoral de Panamá dijo este jueves que procederá de forma «expedita» y conforme a la Constitución a inhabilitar al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), aspirante a la reelección, sentenciado a más de 10 años de cárcel por blanqueo y refugiado desde el miércoles en la Embajada de Nicaragua luego de que ese país le concedió el asilo político.
En un segundo comunicado desde que el viernes pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informara de una decisión judicial que dejó irrevocablemente en firme la sentencia contra Martinelli, el ente electoral citó el artículo 180 de la Constitución, «que establece que no podrá ser elegido presidente de la República quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más», que es el caso del expresidente (2009-2014).
«Hay una sentencia condenatoria por la comisión de un delito doloso emitida por un tribunal de Justicia penal ordinaria que impone pena privativa de libertad de más de cinco años en contra del candidato presidencial Ricardo Alberto Martinelli Berrocal», y «corresponde al Tribunal Electoral inhabilitar a quien se encuentre en esta condición jurídica, acorde lo establece el numeral 10 del artículo 615 del Código Electoral», indicó el comunicado oficial.
Al ente rector de los comicios no ha llegado aún la copia de la sentencia en firme autenticada, y en cuanto esto ocurra «se procederá al trámite correspondiente de manera expedita y conforme lo establecen la Constitución Política y la ley electoral», agregó la misiva.
En un primer comunicado la semana pasada y «ante la creciente desinformación relacionada con la candidatura» de Martinelli, el Tribunal Electoral expresó que haría «cumplir el debido proceso y sobre todo lo que dice la Constitución y la ley que rige el proceso electoral».
La ratificación de la sentencia dictada en julio pasado contra Martinelli por el caso de la compra irregular en el 2010 de la editora de medios Epasa, un caso judicial que se remonta a 2017, se conoció un día antes de que arrancara, el sábado pasado, la campaña electoral de los comicios generales del próximo 5 de mayo, en los que el expresidente aparecía favorito según encuestas de 2023.
El miércoles, en una carta que lleva su firma y que fue ampliamente difundida, el propio Martinelli pidió a sus seguidores que apoyaran a José Raúl Mulino, su llave como vicepresidente pero quien quedará automáticamente como aspirante presidencial del partido Realizando Metas (RM) tras la inhabilitación del expresidente, según reza la ley electoral panameña.
Mulino, de 68 años y quien según la única encuesta publicada tras el inicio de la campaña aparece cuarto con el 6 % de la intención de voto, «lo hará igual y hasta mejor que yo», según dijo Martinelli en su carta.
La Cancillería de Panamá informó el miércoles que las autoridades correspondientes analizan la petición de Nicaragua de que se le conceda el salvoconducto a Martinelli para que llegue a la nación dirigida desde 2007 por Daniel Ortega, quien también ha dado asilo a los exgobernantes salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), ambos prófugos de la justicia de su país y a quienes además le otorgó la nacionalidad nicaragüense, de forma que no pueden ser extraditados.
Martinelli, de 71 años, argumenta que pidió asilo a Nicaragua porque es un «perseguido político» y porque el actual Gobierno panameño lo quiere «matar» en la cárcel, extremos que ha negado el presidente Laurentino Cortizo.
El miércoles llegaron a la sede diplomática nicaragüense colchones, mesas y cajas de alimentos, entre otros, para acondicionar la estadía de Matinelli, designado por «corrupción a gran escala» por EE.UU, llamado en juicio en Panamá por Odebrecht, e investigado en España por dos casos: los sobornos que la constructora FCC confesó haber pagado en el país centroamericano y por espiar a una mujer en Mallorca. EFE
