El relator de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí, reconoció ciertos avances para paliar la «deuda histórica» del Estado colombiano con esas comunidades, pero denunció que la situación de los derechos humanos de las diferentes etnias del país «sigue siendo grave, crítica y profundamente preocupante».
A pesar de «la actitud abierta y el espíritu de colaboración» de las instituciones para «reconocer la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas», los desafíos para resolver los «problemas estructurales» siguen siendo enormes, destacó Calí en una rueda de prensa en Bogotá al finalizar una visita de 10 días a Colombia, que su oficina no hacía desde 2009.
En Colombia hay 102 pueblos indígenas y 71 de ellos se encuentran en riesgo de extinción física y cultural debido a la «falta de aplicación efectiva de sus derechos» y por otras razones como el conflicto armado o la destrucción de su medio de vida.
«Persiste la observación de fondo de mis predecesores, quienes destacaron que (…) la poca efectividad y ausencia del Estado, especialmente a nivel local, impide el disfrute efectivo de los derechos de los pueblos indígenas», aseguró el relator.
La falta de presencia del Estado deja a estas comunidades a merced de los grupos armados y organizaciones criminales, así como de agentes económicos que ven intereses en sus tierras, en problemas «históricos y estructurales, no atribuibles únicamente a las acciones del Gobierno actual».
Reclutamiento, indigencia y suicidio
A pesar de que el acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tenía un capítulo dedicado a los pueblos étnicos, este es uno de los que más retrasos tiene en su implementación y tampoco ha impedido que el conflicto continúe afectando a los indígenas más que a otras comunidades.
Calí se mostró alarmado sobre todo por la situación de mujeres y niños y también ante el reclutamiento forzado de menores, incluso de seis años, por parte de grupos armados ilegales, situación que afecta especialmente a los indígenas y que en ocasiones se hace para «obtener inteligencia», alejando por algunas semanas a los niños de sus familias para que sirvan de informantes.
Sin embargo, en muchas ocasiones, los niños y niñas reclutados no son aceptados de vuelta en sus comunidades por la desconfianza, lo que «los coloca en una situación de abandono y los lleva a la indigencia, adicción o inclusive la prostitución».
Además, por miedo a estos reclutamientos, otra de las consecuencias «alarmantes» es «el reciente y acelerado incremento de las tasas de suicidio entre menores de edad», añadió.
También es alarmante la violencia sexual hacia las mujeres y niñas indígenas: «Hay información de violencia sexual en todos los territorios que se está usando como arma de guerra», recordó el relator.
Por otro lado, Calí subrayó que muchos indígenas se sienten «frustrados» porque no pueden participar «eficazmente» en las nuevas negociaciones de paz, ante el miedo de que les vuelvan a dejar de lado.
Recomendaciones
Más allá de los 71 pueblos indígenas en peligro de extinción, otros, como el wayúu, mayoritario en Colombia, se encuentran en una «grave situación humanitaria» con más de la mitad de esta población, que reside en el departamento caribeño de La Guajira, en «condiciones de extrema pobreza».
«En los últimos 10 años, más de 5.000 niños y niñas wayúu han perdido la vida a causa de la desnutrición y la deshidratación», recordó el relator de la ONU.
También hay más de 15 pueblos que han optado por un aislamiento voluntario, pero que viven la amenaza de la minería ilegal, la tala indiscriminada o la presencia de grupos armados, por lo que el relator hizo un «llamado urgente» a que el Gobierno adopte medidas «para abordar la vulnerabilidad y el riesgo de exterminio físico y cultural».
El relator presentará en septiembre el informe ante la ONU, que incluirá recomendaciones como que se aplique «sin demora» el capítulo étnico del acuerdo de paz de 2016, promover diálogos directos con pueblos indígenas, independientes de los procesos de paz actuales, o cumplir las órdenes de la Corte Constitucional que piden el respeto de los derechos y la protección de los pueblos.
También pedirá medidas legislativas y administrativas para que se respeten sistemas jurídicos indígenas o para reconocer sus formas de gobierno, a la vez que solicitará que se garantice que «la implementación de medidas de fiscalización de drogas se realice conforme al respecto a los derechos (…) de los pueblos indígenas, incluyendo sus prácticas ancestrales, y la medicina y ciencia indígenas». EFE
