La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) reiteró que Nicaragua está en desacato y anunció que presentará un informe al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el fin de que exija al Estado que cumpla con las órdenes del tribunal referentes a la liberación de los opositores presos.
En una resolución publicada este miércoles, la CorteIDH recordó que Nicaragua se encuentra en desacato desde 2022, cuando los jueces comenzaron a emitir una serie de resoluciones que exigían al Estado liberar y garantizar la vida y la salud de más de un centenar de personas opositoras al Gobierno de Daniel Ortega.
«Esta Corte encuentra que la manifestación de no aceptación y rechazo del Estado a las medidas provisionales adoptadas, en conjunto con la falta de respuesta a los requerimientos de este Tribunal, constituye un grave incumplimiento y una postura de desacato permanente», indica la resolución.
El documento ordena «instruir a la presidenta del Tribunal que presente ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos de forma personal un informe sobre la situación de desacato permanente y desprotección absoluta en la que se encuentran los beneficiarios de las medidas provisionales».
La resolución también urge al Consejo Permanente de la OEA que «dé seguimiento al incumplimiento de las presentes medidas provisionales y a la situación en que se encuentran las personas y exija al Estado el cumplimiento de lo ordenado por esta Corte».
Las medidas provisionales, dictadas en varias resoluciones entre 2022 y 2024, son a favor de 115 personas consideradas «presos políticos», y sus núcleos familiares.
De esas 115 personas, hay al menos nueve que todavía se encuentran detenidas y el resto formaron parte de dos deportaciones masivas que realizó el Gobierno a Estados Unidos y Guatemala, detalló la CorteIDH.
La CorteIDH indicó que las medidas provisionales se mantienen vigentes para todos los 115 beneficiarios, incluso los deportados, a quienes el Gobierno canceló su nacionalidad nicaragüense.
«Esta situación y las condiciones que han acompañado tal deportación, podría poner a las personas beneficiarias que fueron deportadas en riesgo extremo de sufrir daños irreparables a sus derechos, por lo que la Corte mantendrá las medidas provisionales adoptadas respecto de ellos hasta tanto reúna información suficiente que la ilustre sobre este asunto», indica la resolución.
La CorteIDH fijó para el 4 de febrero de 2025 una audiencia para analizar la situación y recibir información de las partes.
