La Fiscalía colombiana acusó este miércoles a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), de supuestamente ordenar el pago de millonarios sobornos a los expresidentes del Senado y de la Cámara para que aprobaran proyectos que el Gobierno impulsaba en el Congreso.
La acusación gira en torno a que González, uno de los hombres más cercanos al presidente, Gustavo Petro, supuestamente ordenó el pago de coimas a los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle cuando fue director del Dapre.
En una audiencia realizada ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía imputó a González como presunto responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos, detalló la Fiscalía en un comunicado.
González no aceptó los cargos y dijo que «todas son calumnias sin fundamento».
El acusado acudió a la diligencia judicial de manera virtual y la Fiscalía anunció hace unos días que pedirá cárcel en su contra, al considerar que está involucrado en el mayor entramado de corrupción que salpica al Gobierno de Petro.
Los detalles del caso
La Fiscalía precisó este miércoles que González supuestamente ordenó al entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, «orientar la contratación en la entidad en beneficio» de Name y Calle.
Posteriormente, explicó la Fiscalía, González «impartió instrucciones» al exdirector de la UNGRD para que, a cambio de contratos, se comprometiera a entregarles dinero en efectivo a los dos congresistas.
Ese dinero salió de los sobrecostos en el contrato por la adquisición de carrotanques para suministrar agua a comunidades del desértico departamento de La Guiajira, en el norte de Colombia.
La Fiscalía aseguró que las «coimas se materializaron» pues Name recibió 3.000 millones de pesos (unos 718.000 dólares de hoy) en Bogotá «con la intermediación de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República Sandra Liliana Ortiz Nova».
Ortiz, que fue congresista entre 2014 y 2022, está imputada en este caso por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
La Fiscalía añadió que el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla -condenado por este caso a más de cinco años de prisión- se «trasladó a Montería (Córdoba) y le entregó 1.000 millones de pesos (unos 240.000 dólares de hoy) al representante Calle».
Por este caso, y por orden de la Corte Suprema de Justicia, fueron detenidos Name y Calle el pasado 7 de mayo.
El escándalo de corrupción en la UNGRD, organismo que se encarga de atender y prevenir emergencias causadas por desastres naturales en el país, fue destapado por la prensa en febrero del año pasado y desde entonces ha ido creciendo hasta alcanzar a altos funcionarios del Gobierno. EFE
