Organizaciones de derechos humanos alertaron en las últimas horas sobre el impacto de la reforma migratoria anunciada este mes por el Gobierno de Javier Milei y oficializada este jueves, y anticiparon que las personas migrantes sufrirán limitaciones en el acceso a la ciudadanía, a la educación superior y al sistema de salud, entre otras cuestiones.
«Durante el día de ayer y hoy hemos recibido distintas consultas de sectores sindicales que tienen trabajadores migrantes sobre cuál puede ser el impacto de la participación de esos trabajadores en protestas, por ejemplo», explicó este viernes a EFE Diego Morales, director de Litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones que monitorea la aplicación de políticas migratorias en el país.
Morales se mostró especialmente preocupado por el hecho de que el nuevo régimen habilita la expulsión de personas extranjeras detenidas en contexto de flagrancia, lo que dijo podría incluso aplicarse a migrantes que participen de manifestaciones públicas.
Además, señaló que el CELS ha recibido inquietudes de organizaciones de trabajadoras sexuales y de vendedores callejeros, dos sectores con un alto indice de población migrante.
La Comisión Argentina para personas Regufiadas y Migrantes (CAREF) también expresó su preocupación por la reforma y consideró que «el Gobierno restringe, una vez más, el derecho de las personas migrantes a defenderse de actos del Estado que afectan su libertad, integridad y proyecto de vida».
CAREF destacó en una publicación en sus redes sociales que la nueva legislación «niega derechos esenciales a personas que residen en el país de manera regular», restringe el acceso a la ciudadanía, pone en riesgo el derecho a la unidad familiar y amplía las causas de inadmisión y expulsión del territorio nacional, entre otras cuestiones.
Los cambios en la ley migratoria
El Decreto 366/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece que los migrantes deberán acreditar medios económicos suficientes para obtener la residencia permanente y reduce de 180 a 90 días la vigencia de la residencia precaria, que ya no será considerada válida para obtener la ciudadanía.
La norma también modifica los criterios para la nacionalización: sólo podrán acceder quienes acrediten una residencia legal continua o cumplan con el perfil de «inversores», desplazando al Poder Judicial y otorgando a Migraciones la facultad de otorgar o rechazar solicitudes.
En materia de derechos sociales, el decreto limita el acceso gratuito a la educación superior y al sistema público de salud a quienes tengan residencia permanente. En los demás casos, se exige un seguro médico o el pago de los servicios sanitarios, y se impide el acceso a estudios terciarios o universitarios a personas con estatus migratorio irregular.
Además, amplía los motivos por los cuales una persona extranjera puede ser impedida de ingresar al país o expulsada, incluso en ausencia de condena penal firme: alcanzará con un procesamiento judicial, una elevación a juicio o sospechas fundadas de delito.
El nuevo régimen elimina recursos administrativos que antes podían utilizarse para apelar decisiones migratorias y fija un plazo de 15 días para recurrir judicialmente, lo que reduce las garantías legales.
La Dirección Nacional de Migraciones también recibió mayores facultades de inspección y control, incluyendo operativos en lugares públicos y privados, y podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para realizar procedimientos con autorización judicial. EFE
