El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció un alarmante recrudecimiento de las condiciones carcelarias en el centro de torturas El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, donde se encuentran recluidos varios presos políticos.
Según el organismo de derechos humanos, las autoridades han restringido el ingreso de alimentos y agua potable por parte de los familiares, lo que pone en riesgo directo la salud de los detenidos.
Hasta ahora, los familiares podían llevar comida diariamente, práctica esencial para mantener la salud de los reclusos, muchos de los cuales presentan condiciones médicas que requieren dietas específicas. Sin embargo, con la nueva medida impuesta sin explicación oficial, la entrega de alimentos se limitará a un solo día a la semana —los viernes, entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m.—, a través de un pase especial.
Como agravante, los custodios del recinto han advertido que la comida interna que ofrece El Helicoide es deficiente y no cumple con los estándares nutricionales mínimos, lo que puede generar un impacto grave e irreversible en la salud física y mental de los prisioneros.
Asimismo, el acceso al agua potable también ha sido restringido, lo que expone a los presos a nuevos riesgos sanitarios en un contexto donde ya son frecuentes las violaciones al derecho a la salud.
Trato vejatorio y humillación a familiares
Además de las restricciones logísticas, el proceso de entrega de alimentos se ha convertido en un calvario para los familiares. Largas filas, dificultades para estacionar y multas por congestión se suman a prácticas que han sido calificadas de humillantes: deben llenar planillas con información personal, entregar copias de documentos de identidad, y someterse a tomas fotográficas de cuerpo completo junto a la comida y la ropa. Incluso, al momento de retirar los recipientes vacíos, son fotografiados nuevamente con las prendas sucias que les devuelven.
Para el OVP, estas nuevas medidas representan un castigo colectivo y una violación flagrante de derechos humanos, tanto para los presos como para sus familias. En ese sentido, la organización exigió el cese inmediato del aislamiento prolongado, el acceso a atención médica adecuada, la comunicación regular con abogados y la posibilidad de visitas familiares.
Además, instó a organismos internacionales como la CIDH, el Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, Amnistía Internacional y Human Rights Watch a pronunciarse y actuar ante lo que consideran una escalada en la criminalización de la disidencia en Venezuela.
“El Estado venezolano es responsable de la integridad física y mental de todas las personas bajo su custodia. El silencio y la indiferencia ante estas denuncias representan complicidad con la violación sistemática de derechos. Habrá justicia”, concluyó el Observatorio.
