Dirigentes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) alertaron que la ausencia de justicia, la persistencia de la persecución política y la falta de libertades fundamentales continúan obstaculizando la ruta hacia una transición democrática en Venezuela.
Las declaraciones se produjeron durante el conversatorio “Transición con temple y visión de mujer”, realizado en la Universidad Central de Venezuela, donde estuvieron como panelistas Delsa Solórzano, Deyalitza Aray, Adriana Pichardo y Andrea Tavares, bajo la moderación de la periodista y activista Paola Hernández.
Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano, afirmó que la justicia es una condición previa para cualquier proceso electoral competitivo. Señaló que mientras el sistema judicial siga siendo parte del “esquema de persecución”, no es posible hablar de garantías.
Sostuvo que las designaciones de los poderes públicos deben ajustarse a la Constitución y urgió la elección de un fiscal general y un defensor del pueblo “que protejan al ciudadano, no al poder”. También pidió derogar leyes como la Ley contra el Odio y la Ley de Fiscalización de ONG, al considerar que criminalizan la actividad política y social. “Es imposible hacer campaña si los activistas son tratados como terroristas”, afirmó.
Centralización y deterioro institucional
La dirigente de Proyecto Venezuela, Deyalitza Aray, advirtió que el centralismo ha revertido competencias que antes pertenecían a gobernaciones y alcaldías. Aseguró que la descentralización es incompatible con un modelo autoritario y que devolver la gestión de servicios como agua y electricidad a las regiones permitiría respuestas más rápidas y adaptadas a cada territorio.
“Este cambio de paradigma aceleraría la recuperación porque favorece la especificidad técnica y la vigilancia del uso de los recursos”, señaló.
Persecución política y fragilidad del momento
Adriana Pichardo, dirigente de Voluntad Popular, recordó que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos documentó la continuidad de la persecución política tras las elecciones del 28 de julio. Afirmó que las detenciones arbitrarias forman parte de un patrón que incluye desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles y violencia sexual.
Denunció además la “indiferencia de los tribunales” y la “complicidad activa” del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. “La ventana de oportunidad que se abrió el 3 de enero es real, pero también es frágil”, advirtió.
Un espacio cívico asfixiado
Andrea Tavares, secretaria nacional de La Causa R, explicó que el espacio cívico es el entorno que permite la participación ciudadana en la vida pública. Aseguró que en Venezuela existe un cerco sistemático que ha reducido ese espacio.
“No solo se ha perseguido a partidos políticos; también se han asfixiado sindicatos, se han criminalizado gremios y se ha intentado silenciar a las organizaciones sociales”, afirmó. “Cuando el espacio cívico se reduce, la democracia se asfixia”.
Las ponentes coincidieron en que la reconstrucción institucional, la restitución de derechos y la reapertura del espacio cívico son requisitos esenciales para cualquier transición democrática. Advirtieron que mientras persistan las detenciones arbitrarias y no se produzcan liberaciones, la ruta hacia un cambio político seguirá bloqueada.
