La organización Conexión Segura y Libre, junto al Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFRLab) del Atlantic Council, presentó el informe “Los vigilantes en la mira: Tecnologías de vigilancia para el control político en Venezuela”, en el que advierte que la infraestructura de vigilancia del Estado venezolano funciona como un sistema de control autoritario de amplio alcance, aún después de la salida de Nicolás Maduro del poder.
El estudio documenta que, pese al cambio de liderazgo tras la captura de Maduro, la maquinaria de vigilancia permanece intacta y plenamente operativa bajo la administración de Delcy Rodríguez. Según el informe, este aparato incluye monitoreo en video, intercepción de telecomunicaciones, ciberpatrullaje, ciberataques, vigilancia con drones y registros forzosos de dispositivos electrónicos.
El informe sostiene que la infraestructura de vigilancia venezolana, valorada en más de mil millones de dólares, permite la “represión sistemática de unas 27 millones de personas”. Los investigadores afirman que el sistema no está diseñado para la seguridad ciudadana, sino para identificar, rastrear y neutralizar disidencia política.
Uno de los hallazgos más relevantes es el uso del sistema de respuesta VEN911, integrado con redes de cámaras CCTV, reconocimiento facial y detección de matrículas. Según el documento, este sistema ha sido empleado para localizar manifestantes, opositores y activistas, sin controles judiciales ni garantías de privacidad.
El informe también detalla el uso de drones —incluyendo modelos DJI y Autel— para vigilancia aérea en zonas residenciales y de protesta, así como la instalación de rastreadores GPS con funciones de escucha en vehículos de familiares de presos políticos.
Ecosistema de vigilancia
El estudio dedica un capítulo completo al Sistema Patria, al que describe como una plataforma digital utilizada para la extracción masiva de datos y la manipulación política. Señala que el dominio del sistema está registrado a nombre del PSUV, no del Estado, lo que evidencia la integración operativa entre partido y gobierno.
Asimismo, la aplicación VenApp es señalada como una herramienta para facilitar la delación sistemática de actividades críticas al gobierno.
El informe cita datos del informe de transparencia de Telefónica España, que reveló que 1.523.363 líneas móviles fueron afectadas por intercepciones y que se emitieron 205.800 órdenes de intervención, cifras que, según los investigadores, demuestran una vigilancia “a escala industrial”.
La infraestructura de CANTV, agrega el estudio, permite acceso directo a datos de tráfico de internet y comunicaciones privadas, sin supervisión independiente.
El documento también describe campañas de phishing dirigidas a periodistas, activistas y organizaciones opositoras, incluyendo ataques contra Voluntarios por Venezuela, Héroes de la Salud y los Comanditos de organización electoral.
Además, denuncia que la inspección de teléfonos sin orden judicial se ha convertido en una práctica rutinaria en aeropuertos, alcabalas y centros de detención, acompañada de amenazas, coerción y extorsión económica.
El informe subraya que la infraestructura de vigilancia “sigue operativa e intacta a pesar de la destitución de Maduro”, lo que demuestra que el aparato de control autoritario no depende de una figura individual, sino de un entramado institucional y tecnológico que requiere un desmantelamiento deliberado.
El documento concluye que comprender y desmontar este sistema es “una condición necesaria para una auténtica transición democrática”.
