El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), junto a organizaciones académicas y de derechos humanos, presentó un balance sobre la situación del sector universitario en Venezuela durante 2025, en el que registró un total de 294 incidentes que afectaron tanto a instituciones como a miembros de la comunidad académica.
El informe, elaborado a partir de los reportes mensuales del año, advierte sobre la persistencia de prácticas orientadas al control institucional, la restricción de recursos y la persecución por motivos políticos. Según el análisis, estas dinámicas han debilitado progresivamente el funcionamiento de las universidades autónomas.
De acuerdo con el registro, la mayoría de los hechos fueron atribuidos a organismos del régimen, especialmente en los ámbitos educativo, judicial, policial y militar.
También se identificó la participación de grupos civiles armados.
Intervención en la autonomía universitaria
El documento señala un incremento de medidas que afectan la autonomía de las universidades públicas. Entre ellas, menciona la asignación de cupos por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) por encima de la capacidad operativa de las instituciones, así como la eliminación de los mecanismos internos de admisión, quedando únicamente el Sistema Nacional de Ingreso como vía de acceso.
Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen mantuvo paralizados los procesos electorales en varias casas de estudio, lo que ha impedido la renovación de autoridades durante años. También se reportaron decisiones judiciales orientadas a imponer políticas de admisión y denuncias sobre la ocupación de bienes universitarios por entes estatales.
El informe incluye además señalamientos sobre la presencia de funcionarios armados y grupos no identificados dentro de recintos universitarios.
El ODH-ULA advierte que las universidades operaron con una fracción mínima de los recursos requeridos, recibiendo entre 0,09 % y 5 % del presupuesto solicitado. Esta situación ha incidido en el deterioro de la infraestructura, la interrupción de servicios básicos y la suspensión de programas como comedores y transporte estudiantil.
En el ámbito laboral, el reporte describe una pérdida sostenida del poder adquisitivo del personal académico. Para finales de 2025, los salarios de los profesores se ubicaban en niveles mínimos, lo que ha contribuido a la reducción de la planta docente y al aumento de la deserción estudiantil.
En total, 164 de los casos documentados estuvieron relacionados con vulneraciones a derechos laborales y a la autonomía financiera de las instituciones.
Represión y protestas
El balance también recoge 82 incidentes vinculados a acciones represivas, que incluyeron detenciones arbitrarias, hostigamiento y desapariciones de corta duración. Entre los afectados figuran profesores, trabajadores y estudiantes.
Pese a este contexto, la comunidad universitaria mantuvo actividad de protesta durante el año, con al menos 73 manifestaciones motivadas por reclamos salariales, condiciones de estudio, respeto a la autonomía y exigencias de liberación de detenidos.
El informe advierte sobre el debilitamiento del sistema de investigación en el país. Especialistas citados en el reporte indicaron que la producción científica venezolana ha disminuido significativamente en la región, mientras que la migración de investigadores continúa en aumento.
Asimismo, se señala que los programas de incentivo estatal ofrecen remuneraciones mínimas, lo que limita el desarrollo de la actividad científica.
El ODH-ULA concluye que el conjunto de estas condiciones refleja un escenario crítico para la educación superior en Venezuela, con impactos directos en la formación académica, la investigación y el ejercicio de derechos fundamentales dentro del ámbito universitario.
