El abogado defensor de derechos humanos Carlos Trapani, coordinador general de la ONG Cecodap, denunció este martes que la audiencia en el caso de la adolescente presa política Samantha Hernández fue diferida por sexta vez, mientras la joven de 16 años continúa esperando justicia frente al poder del Estado.
«Hoy, por sexta vez, se difiere la audiencia en el caso de Samantha Hernández. No solo son días que pasan en el calendario como si nada: cada día es un daño acumulado. Es una señal que preocupa: una adolescente esperando justicia frente al poder del Estado», denunció Trapani.
La cronología de audiencias fallidas es elocuente: 19 de febrero, 5 de marzo, 16 de marzo —fecha en que además le fue negada la amnistía—, 19 de marzo, 25 de marzo, 9 de abril y este 14 de abril.
Trapani explicó que entre las excusas alegadas figuran cambios de fecha, desorden administrativo y, en una ocasión, el hecho de que la adolescente simplemente no fue trasladada al tribunal. «Su derecho a ser oída en un plazo razonable se vulnera entre excusas», advirtió el abogado.
Una amnistía negada sin explicación
El 16 de marzo, el Tribunal de Juicio del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente con competencia en terrorismo negó la aplicación de la Ley de Amnistía a Hernández sin ofrecer fundamentos jurídicos claros.
Trapani calificó la decisión de arbitraria y denunció que el tribunal omitió el análisis jurídico que la ley exige: verificar si los hechos ocurrieron en el contexto político-electoral cubierto por la amnistía, si encajan en los supuestos amnistiables y si existe alguna razón legal que impida su aplicación.
«No es solo un caso penal. Es una adolescente enfrentando el poder del Estado y una sentencia que no explica por qué le niega un derecho», afirmó. «La exclusión se da por sentada, sin explicación. No hay análisis jurídico, no hay estándares, no hay motivación», añadió.
Trapani recordó que la ley no excluye delitos por su nombre sino por su naturaleza, y solo en casos muy específicos como violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. «Imputar terrorismo a una adolescente ya es grave. Negarle la amnistía sin explicar por qué es aún peor», subrayó.
El defensor denunció además que la sentencia ignoró por completo los estándares propios de la justicia penal adolescente, cuyo objetivo no es castigar sino proteger, educar y favorecer la reintegración. «Nada en la sentencia evalúa el impacto en su desarrollo, su salud mental, su entorno familiar o su proyecto de vida», señaló.
Trapani alertó también que el tribunal no examinó si la adolescente pudo haber sido manipulada o instrumentalizada por adultos. «La sentencia no identifica relaciones de poder, no valora si pudo haber sido utilizada. Reduce el caso a una lógica punitiva y desconoce el enfoque de protección», criticó.
El abogado cerró su denuncia con una advertencia: «Este caso debe ser revisado. No solo por lo que dice la ley, sino por lo que está en juego: la vida, la dignidad y el desarrollo de una adolescente frente al poder punitivo del Estado. Porque cuando la justicia falla en proteger, también puede convertirse en fuente de daño».
Hoy, por sexta vez, se difiere la audiencia en el caso de Samantha Hernández. No solo son días que pasan en el calendario como si nada: cada día es un daño acumulado. Es una señal que preocupa: una adolescente esperando justicia frente al poder del Estado.
Mientras tanto, su…
— Carlos Trapani (@carlosmtrapani) April 15, 2026
