Una delegación de diputados de la Asamblea Nacional chavista viajó a Montevideo, Uruguay, para gestionar ante el Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur) el retorno de Venezuela al organismo regional, del que fue suspendida en 2017 del Mercosur por incumplimiento de la Cláusula Democrática del bloque durante el régimen de Nicolás Maduro.
La delegación, integrada por los diputados Saúl Ortega (PSUV/Carabobo), Francisco Torrealba (PSUV/Carabobo), José Gregorio Correa (AD/Nacional) y Pablo Pérez (UNTC/Nacional), llegó a la capital uruguaya el lunes 27 de abril, según informó el Parlamento en nota de prensa.
Torrealba informó que la delegación se reunió con el vicepresidente del Parlasur por Uruguay, senador Nicolás Viera Díaz, en el Palacio del Parlamento uruguayo, quien expresó su respaldo a las iniciativas que promuevan el retorno venezolano, calificó el regreso como «un acto de justicia integradora» y señaló que no existen «impedimentos jurídicos ni sanciones vigentes dentro del Mercosur» que lo impidan.
Según Torrealba, la sesión plenaria del Parlasur de junio en Asunción, Paraguay, sería el escenario donde se definiría el retorno pleno de Venezuela. La delegación de la AN chavista busca restablecer la participación de los parlamentarios venezolanos en sesiones plenarias y comisiones, validar sus credenciales ante la Mesa Directiva del organismo y lograr el levantamiento de las sanciones ante el bloque.
Al respecto, el senador federal de Brasil Francisco «Chico» Rodrigues informó que su delegación consignó un proyecto para formalizar la reincorporación y calificó como «positivo» el actual momento político de Venezuela.
En agosto de 2017, los países fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) decidieron de forma unánime suspender a Venezuela de manera indefinida mediante la aplicación de la cláusula democrática del bloque. Esta medida se basó en la constatación de una ruptura del orden democrático y del hilo institucional luego de que el régimen de Maduro, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) bloqueara el funcionamiento del Parlamento de mayoría opositora.
Entre las razones específicas citadas por los cancilleres figuraron la persecución de líderes opositores, la existencia de presos políticos, la falta de separación de poderes y la crisis humanitaria que atravesaba el país. La suspensión invocó el Protocolo de Ushuaia, que exige la plena vigencia de las instituciones democráticas como condición indispensable para la integración regional.
