El régimen de Cuba publicó este lunes en la Gaceta Oficial de la República el listado de los 2.010 presos políticos cuyo indulto anunció el pasado 2 de abril como un «gesto solidario humanitario y soberano» enmarcado en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa.
El Decreto Presidencial 1212, firmado por el dictador Miguel Díaz-Canel, dispone «indultar total y definitivamente» a un grupo de sancionados, en atención a «las características de los hechos cometidos, su conducta durante el cumplimiento de la sanción y el tiempo extinguido de la pena».
En una anexo, el decreto publicado en una gaceta extraordinaria, incluye la lista de los indultados, en la que aparecen sus nombres, el número y año de las causas judiciales correspondientes y el tribunal donde fueron juzgados.
El régimen anunció a principios de abril en un comunicado que entre los 2.010 presos incluidos en esta excarcelación «aparecen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior».
También señaló entonces que en la lista de indultados se descartaron a personas que cometieron delitos de «agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y robo con violencia» entre otros.
Asimismo, indicó que este «es el quinto indulto que realiza el Gobierno cubano desde 2011, con los que se han beneficiado más de 11.000 personas».
«Se trata de la segunda excarcelación de personas privadas de libertad del presente año», añadió.
Por su parte, la ONG Prisoners Defenders (PD), con sede en Madrid, denunció este lunes que solo ha podido confirmar hasta el momento un preso político entre las 2.010 personas incluidas en la lista del indulto.
Las primeras excarcelaciones de ese proceso coincidieron con el anuncio del régimen cubano de que había iniciado un diálogo con representantes de la Administración estadounidense.
Anteriormente PD había informado que de la excarcelación de los otros 51 presos, únicamente 27 de ellos eran presos políticos, y en su mayoría fueron participantes en las protestas antigubernamentales del 11-J y cumplían sanciones de entre seis y 18 años de cárcel por los delitos como desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición. EFE
