El Parlamento chavista informó este viernes sobre la postulación de 561 personas para los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ahora estará integrado por 32 jueces, luego de una reforma de ley con la que el régimen busca cambiar el sistema judicial.
Entre los candidatos está la exvicefiscal general del Ministerio Público Katherine Haringhton -quien fue sancionada por Estados Unidos en 2015-, así como Aimé Nogal, una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, y Luis Emilio Rondón González, exrector de la institución, según la lista compartida por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN – Parlamento) en Telegram.
Así mismo, el Comité informó que un total de 63 personas se postularon para optar al cargo de inspector de tribunales, mientras que 33 al de director de la Escuela Nacional de Magistratura.
El pasado 22 de mayo, la AN llamó a los juristas venezolanos a postularse a los cargos de magistrados del Supremo, así como para inspectores y director de la Escuela Nacional de la Magistratura.
La Asamblea Nacional chavista sustituirá solo a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y escogerá a doce nuevos que se sumarán a los otros doce que siguen ejerciendo en la corte.
El Parlamento aprobó la reforma de la ley del TSJ el pasado 12 de mayo y acordó que la Sala Constitucional del tribunal esté conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas estarán integradas por cinco.
Hasta ahora, la Sala Constitucional estaba conformada por cinco magistrados y las restantes -Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social- por tres.
En abril pasado, la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, inauguró la gran consulta nacional para reformar la justicia penal en el país suramericano, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.
En mayo, Rodríguez dijo que -en un primer análisis- encontraron tres grandes desafíos al sistema judicial: el retardo procesal, la corrupción y la criminalización de la pobreza, luego de determinar que el 68 % de las personas encarceladas en el país son de estratos económicos y sociales «menos favorecidos». EFE
