Organizaciones de apoyo a migrantes han alertado sobre la situación en el Centro de Detención de Inmigrantes (IDC) de Trinidad y Tobago, donde el acceso a los detenidos —en su mayoría venezolanos— se encuentra limitado y podría agravarse ante la revisión de las políticas migratorias del país.
La preocupación se intensificó luego de que el ministro de Seguridad Nacional, Roger Alexander, anunciara cambios en el sistema de control migratorio, entre ellos la reducción de las llamadas Órdenes de Supervisión, un mecanismo que permite a algunos migrantes indocumentados permanecer en libertad bajo reportes periódicos en lugar de ser detenidos.
El IDC alberga a personas en situación migratoria irregular que esperan procesos de deportación, audiencias o verificación de nacionalidad. De acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles, cerca del 90 % de los detenidos serían venezolanos, aunque también hay ciudadanos de Cuba, Jamaica y Guyana.
Activistas y defensores de derechos humanos han señalado que el centro, diseñado para una capacidad aproximada de 150 personas, ha superado en distintos momentos los 200 detenidos, lo que ha generado denuncias por hacinamiento y deficiencias en infraestructura.
Andreina Briceño Ventura-Brown, directora del Centro Cultural Hispano La Casita, explicó a EFE que la organización realizaba visitas periódicas al centro para brindar apoyo legal, asesoría y donaciones, pero que el acceso se ha visto restringido, lo que limita la supervisión independiente de las condiciones internas.
De acuerdo con testimonios recogidos por agencias, persisten problemas vinculados a la ventilación, el saneamiento, el deterioro de tuberías y las condiciones de alojamiento, aunque algunas fuentes indican mejoras puntuales en la alimentación.
En respuesta a las críticas, el ministro Alexander aseguró que el Gobierno trabaja en mejoras para garantizar condiciones adecuadas tanto para el personal como para las personas detenidas.
Sin embargo, organizaciones como el Grupo de Apoyo a Migrantes de La Romaine advierten que un eventual aumento en las detenciones podría ejercer mayor presión sobre el sistema. Su coordinadora, Angie Ramnarine, alertó que las detenciones prolongadas han sido un problema recurrente que no debería repetirse.
Un informe de 2021 del Centro Caribeño para los Derechos Humanos y la Coalición Internacional contra la Detención ya había documentado casos de migrantes que permanecieron meses o incluso años detenidos debido a dificultades para verificar su identidad o gestionar documentos de viaje.
Las preocupaciones aumentan ante la posible reducción de las Órdenes de Supervisión, medida que, según el ministro Alexander, responde a casos en los que migrantes incumplen los requisitos de notificación o desaparecen durante procesos de deportación.
Además, el funcionario adelantó que se prevé una reforma legal para endurecer las políticas migratorias, incluyendo sanciones de prisión para personas deportadas que reingresen de forma irregular al país.
En este contexto, organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de garantizar transparencia, acceso a los centros de detención y condiciones dignas para evitar un deterioro adicional en la situación de los migrantes privados de libertad.
Con información de Infobae
