El Ministerio Público de Bolivia ha pedido a España y Perú información sobre el caso que involucra al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por la supuesta influencia que ejerció en el país en favor de la empresa peruana Grupo Gloria a cambio de 200.000 euros, ha informado este jueves el fiscal general, Roger Mariaca.
En un rueda de prensa, Mariaca ha explicado que la Fiscalía remitió a la Cancillería de Bolivia «dos solicitudes de cooperación jurídica internacional en materia penal» dirigidas a España y Perú relacionadas a la acción de Rodríguez Zapatero en el país.
El fiscal general ha mencionado que a España se le solicitó «documentación» y a Perú información respecto al Grupo Gloria y que los resultados serán compartidos cuando se reciban las respuestas.
Mariaca ha señalado que la petición de información a ambos países sigue un conducto «muy aparte» de la investigación penal que hace algunos días abrió la Fiscalía Departamental de la región sureña de Chuquisaca en este caso para establecer si existió un uso indebido de influencias y otros delitos.
A finales de junio se conoció un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional de España, que sostiene que Rodríguez Zapatero participó en una «dinámica de intermediación e influencias» con autoridades de Bolivia orientada a «beneficiar los intereses» del Grupo Gloria, «mediando una contraprestación económica de 200.000 euros».
El reporte incluye conversaciones de WhatsApp entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, así como varias agendas del expresidente que han servido para apuntalar la última acusación del caso Plus Ultra, en el que se le investiga por el posible cobro de comisiones por su influencia en el rescate de esa aerolínea.
En el reporte aparecen figuras destacadas del Gobierno de Bolivia entre 2020 y 2025, incluidos el expresidente Luis Arce (2020-2025) y tres de sus ministros, entre otros.
El caso en Bolivia involucra a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) en una disputa legal desde 2010 con la estatal Fábrica Nacional de Cementos (Fancesa) por la tenencia de acciones que permitirían a la primera empresa ampliar sus plantas regionales, lo que fue denunciado por la segunda como un caso de presunta competencia desleal.
Desde 2014, el caso involucró también al grupo peruano Gloria, actual accionista mayoritario de Soboce, que reclama una compensación por la reversión de esas acciones y mantiene litigios contra el Estado boliviano.
El expresidente Arce, quien está encarcelado preventivamente desde diciembre de 2025 por un caso de supuesta corrupción, negó estar involucrado «en ningún caso de tráfico de influencias» en favor de Soboce.
Recientemente, tras conocerse el informe de UDEF, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ) ratificó una sentencia de 2025 que obliga a Soboce a pagar a Fancesa una compensación por más de 74,4 millones de dólares.
La semana pasada, el Grupo Gloria admitió haber pagado 200.000 euros a Rodríguez Zapatero para intermediar con las autoridades de Bolivia sobre la indemnización a Soboce, y defendió su contratación al rechazar que tuviese fines ilícitos y de interferencia con la Justicia boliviana. EFE
