Una coalición de organizaciones de la sociedad civil presentó ante las Naciones Unidas un informe sobre la hostilidad contra la prensa independiente en Venezuela. Según el reporte, los riesgos para ejercer el derecho a la libertad de expresión han alcanzado niveles sin precedentes, con el encarcelamiento de 26 trabajadores de medios de comunicación solo durante 2025.
Las contribuciones presentadas por Artists at Risk Connection (ARC), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela), PEN International, PEN Venezuela y Reporteros Sin Fronteras (RSF) serán evaluadas durante el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), previsto para la 54.ª sesión del Grupo de Trabajo del EPU, programada para enero y febrero de 2027.
El informe conjunto advierte que el régimen chavista ha fallado en la implementación de las recomendaciones que aceptó durante el tercer ciclo del EPU en enero de 2022. Por el contrario, en los últimos cuatro años se ha intensificado la persecución de voces críticas mediante un marco legal restrictivo que viola los estándares internacionales y un sistema de justicia que se ha integrado a la maquinaria de represión estatal. Entre las leyes mencionadas destacan la Ley Constitucional contra el Odio, la Ley Simón Bolívar y la Ley de Fiscalización de ONG.
El documento señala que las restricciones al acceso a la información y el bloqueo de plataformas digitales han contribuido a la creación de «desiertos informativos». Actualmente, el Estado mantiene el bloqueo de al menos 206 sitios web, de los cuales 65 pertenecen a medios de comunicación independientes y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Ante esta situación, las organizaciones formularon una serie de recomendaciones urgentes al Estado venezolano: derogar o reformar las leyes que restringen indebidamente las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica; levantar de inmediato los bloqueos arbitrarios a medios de comunicación y plataformas digitales, garantizando un acceso a internet sin restricciones y el fin de la vigilancia digital ilegal; cesar las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y el hostigamiento judicial contra periodistas, artistas, escritores y defensores de derechos humanos; investigar los ataques contra la prensa y asegurar reparaciones efectivas para las víctimas; y garantizar protección internacional para los periodistas y actores culturales forzados al exilio, conforme a la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984.
Las organizaciones consideran que la implementación de estas medidas es fundamental para revertir el clima de miedo y autocensura imperante, y asegurar un entorno libre y plural para el ejercicio del periodismo y la creación artística en Venezuela.
