La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a cinco presos políticos en Venezuela, tras considerar que se encuentran en una situación de «gravedad y urgencia» que pone en riesgo sus derechos a la vida, integridad personal y salud.
La decisión, contenida en la Resolución 67/2026, adoptada el 26 de agosto, beneficia a Wilder Anderson Vásquez Velásquez, Maurimal Carolina Solórzano Armas, Freddy Manuel Alvarado Castillo, Pedro Rolando Maldonado Marín y Felipe Santiago Contreras Caldera.
De acuerdo con las solicitudes analizadas por el organismo, los cinco privados de libertad permanecen en condiciones inadecuadas de detención, con restricciones para comunicarse con sus familiares y abogados defensores y sin recibir atención médica oportuna para sus padecimientos físicos y psicológicos, pese a las gestiones realizadas ante las autoridades venezolanas. «Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH», señaló la Comisión en su resolución.
Tras evaluar los argumentos presentados, la CIDH concluyó que existe la posibilidad de que el riesgo para los beneficiarios “se materialice en cualquier momento”, tomando en cuenta su condición de personas privadas de libertad, las restricciones de contacto, la falta de atención médica y las condiciones de reclusión, además de la presunta situación de indefensión.
El organismo también indicó que no recibió información del Estado venezolano que permitiera conocer las acciones adoptadas para atender o reducir la situación de riesgo denunciada.
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