Más de 10.000 plazas penitenciarias permanecen fuera de funcionamiento en Venezuela, mientras miles de personas privadas de libertad permanecen hacinadas en cárceles y calabozos policiales, alertó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
De acuerdo con cifras del OVP correspondientes a 2025, 26.694 personas estaban recluidas en centros penitenciarios que disponían de apenas 15.096 plazas operativas, lo que representaba un nivel de hacinamiento de 176,83 %.
Esta situación contrasta con la existencia de infraestructura penitenciaria cerrada, desalojada o inutilizada que, según la organización, podría contribuir a descongestionar el sistema si fuera recuperada bajo condiciones adecuadas.
Durante las últimas décadas, al menos 18 establecimientos penitenciarios fueron cerrados o desalojados, entre ellos algunos de los de mayor capacidad del país. El OVP mencionó los casos de Sabaneta, con 800 plazas; la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), CEPELLA, Yare I y Puente Ayala, con unas 750 plazas cada uno, y Vista Hermosa, con 650.
A estos recintos se suman La Planta, San Juan de los Morros, el Internado Judicial de Apure y el Internado Judicial de Yaracuy, entre otros. Algunos fueron posteriormente reutilizados o reabiertos, mientras que otros permanecieron durante años fuera del sistema penitenciario.
El OVP recordó que solo durante las intervenciones penitenciarias de 2023 fueron trasladadas 8.016 personas a distintas entidades del país. Según la organización, parte de esa población terminó en establecimientos que ya presentaban problemas de infraestructura y sobrepoblación, mientras las familias debieron recorrer mayores distancias para mantener contacto con sus parientes.
Calabozos policiales funcionan como cárceles paralelas
El cierre de establecimientos penitenciarios también ha contribuido, según el OVP, a que los calabozos de organismos como el CICPC, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional y policías estadales y municipales alberguen durante meses o incluso años a personas privadas de libertad.
El informe más reciente del observatorio, titulado “7.414 detenidos en 157 dependencias: la red de cárceles paralelas del CICPC”, identificó 7.414 personas recluidas en 157 dependencias del CICPC, con una permanencia promedio de 615 días, aproximadamente un año y ocho meses.
El OVP señaló que una de cada tres personas registradas en esos calabozos supera los dos años de detención y aclaró que las 7.414 personas contabilizadas no incluyen a quienes permanecen recluidas en calabozos de la PNB ni de las policías estadales y municipales.
La organización cuestionó que espacios concebidos para detenciones transitorias terminen funcionando como centros de reclusión permanentes mientras permanecen inutilizadas miles de plazas penitenciarias.
OVP pide recuperar infraestructura y revisar la prisión preventiva
Ante este escenario, el Observatorio Venezolano de Prisiones planteó realizar una auditoría nacional de los establecimientos penitenciarios cerrados o desalojados, con el objetivo de determinar cuáles pueden ser recuperados y cuántas plazas podrían volver a estar operativas.
El organismo advirtió que reabrir estos centros no implica simplemente habilitar sus instalaciones, sino garantizar condiciones adecuadas de agua potable, saneamiento, alimentación, atención médica, ventilación, camas, espacios para visitas, áreas educativas y recreativas, además de personal penitenciario capacitado y presupuesto suficiente.
También consideró necesario acompañar la recuperación de infraestructura con medidas para resolver el retardo procesal y revisar el uso de la prisión preventiva.
Según el Informe Anual 2025 del OVP, más de 75 % de la población penitenciaria registrada por la organización estaba procesada. En el caso de los calabozos del CICPC, 6.518 de las 7.414 personas identificadas no tenían sentencia firme.
“Muchas necesitan que la justicia finalmente decida sobre sus causas”, sostuvo el observatorio, al advertir que el problema no se resuelve únicamente aumentando la capacidad carcelaria.
El OVP reclamó finalmente un plan nacional de recuperación de la infraestructura penitenciaria, acompañado de revisión judicial, capacitación del personal de custodia, descongestión de los calabozos policiales y una política de traslados que preserve la cercanía de las personas privadas de libertad con sus tribunales y familias.
La organización también pidió determinar qué ocurrió con cada cárcel cerrada, cuál es su situación actual y cuántas plazas pueden recuperarse, al considerar que no resulta sostenible mantener miles de espacios fuera de funcionamiento mientras las cárceles se encuentran hacinadas y los calabozos policiales desbordados.
