El partido Primero Justicia (PJ) respaldó este viernes las recientes conclusiones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela y denunció que persisten los casos de tortura, tratos crueles y detenciones arbitrarias, pese a los cambios políticos registrados tras el 3 de enero.
Yajaira Castro de Forero, secretaria nacional de Derechos Humanos de PJ, advirtió que “el aparato represivo sigue intacto y actuando con completa impunidad” y sostuvo que la transición democrática no podrá avanzar mientras continúen la persecución, detención y silenciamiento de ciudadanos que ejercen sus derechos.
La organización política señaló que, según el informe de la Misión de la ONU, las instituciones responsables de la represión y de graves violaciones a los derechos humanos no han experimentado modificaciones estructurales. Aunque el organismo documentó una disminución de las desapariciones forzadas y de las detenciones prolongadas después del 3 de enero, concluyó que estas medidas no representan reformas institucionales sostenibles.
Castro de Forero también cuestionó la permanencia de instrumentos legales que, a juicio de PJ, restringen derechos, entre ellos la Ley Constitucional contra el Odio, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar y la legislación que regula a las organizaciones no gubernamentales y sociales sin fines de lucro. Asimismo, denunció que continúan operativas las estructuras de inteligencia y los colectivos progubernamentales, sin procesos de desmantelamiento ni rendición de cuentas.
Entre los hallazgos citados por Primero Justicia destaca la investigación de 64 nuevos casos de tortura registrados después del 3 de enero. La organización mencionó denuncias ocurridas en El Rodeo I, donde se reportaron intubación forzada y confinamiento en la estructura subterránea conocida como “máquina del tiempo”, así como en Fuerte Guaicaipuro, donde se denunciaron celdas tipo fosa bajo el nivel del suelo y privación de alimentos.
El informe también documentó fallecimientos bajo custodia después de desapariciones forzadas por motivos políticos. Entre los casos señalados figura el de Víctor Quero Navas, cuya familia fue informada de su muerte diez meses después de ocurrida.
Asimismo, la Misión registró al menos 214 detenciones arbitrarias entre septiembre de 2025 y julio de 2026. Después del 3 de enero, el organismo identificó además un patrón de detenciones de corta duración dirigidas a intimidar a activistas y periodistas.
Respecto a los presos políticos, Primero Justicia señaló que, pese a las excarcelaciones registradas, estimaciones de organizaciones de la sociedad civil sitúan entre 379 y 500 las personas que permanecen detenidas por motivos políticos, en medio de la falta de información sobre su situación jurídica.
Finalmente, Castro de Forero exigió la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, tanto civiles como militares, además de investigar a los responsables de las violaciones denunciadas y garantizar la reparación integral de las víctimas.
