Un juez federal de Texas fijó para la próxima semana una audiencia para examinar una demanda que solicita la liberación y la suspensión de la deportación de Wilber Garcés, el venezolano a quien un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hirió de un disparo y que permanece recluido en un centro de detención migratoria.
En una orden emitida este martes, el juez Orlando García, del Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, programó la audiencia presencial para el miércoles 30 de septiembre y ordenó que Garcés estuviera acudiera al juzgado.
La noche del lunes, la abogada del migrante, Kate Lincoln-Goldfinch, presentó una demanda ante el tribunal en la que solicitó su liberación inmediata y la suspensión temporal de su deportación mientras intenta presentar una petición de visa U.
Este visado ofrece protección migratoria a víctimas de determinados delitos que colaboran con las autoridades.
Garcés, de 28 años, permaneció durante varias horas en un hospital el lunes por la tarde después de reportar pérdida de movilidad y sensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo, según denunció su abogada.
La letrada asegura que el migrante todavía tiene una bala alojada en el cuerpo y que no ha recibido la atención médica adecuada para sus heridas.
Tras el tiroteo, ocurrido el domingo, los servicios de emergencia de Austin trasladaron a Garcés a un hospital de la ciudad, donde recibió atención médica inicial, aunque no le extrajeron la bala, según relató el propio migrante el lunes por teléfono durante una rueda de prensa organizada por Lincoln-Goldfinch y activistas locales.
De acuerdo con su versión, agentes de ICE lo interceptaron mientras repartía pedidos de DoorDash en su vehículo. Garcés aseguró que los oficiales chocaron contra uno de los costados del automóvil y le dispararon cuando intentó moverlo para estacionarse antes de bajarse.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha ofrecido públicamente más detalles sobre las circunstancias del incidente ni ha respondido a las múltiples solicitudes de información de la agencia EFE.
Garcés entró en Estados Unidos en 2024 mediante la aplicación CBP One, un programa activo durante el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) que permitía a los migrantes solicitar una cita para presentarse en un puerto de entrada fronterizo y pedir asilo, según su abogada y su familia.
El venezolano tenía una orden de deportación dictada en ausencia por un juez de inmigración. Garcés no acudió a la audiencia porque la notificación llegó a una dirección antigua, pese a que había informado al Gobierno de su cambio de domicilio, de acuerdo con Lincoln-Goldfinch.
Este tipo de órdenes se ha disparado durante el Gobierno de Donald Trump. En lo que va de año, los jueces han ordenado la deportación de 281.867 migrantes que no se presentaron a sus audiencias. De ellos, 90.288 tenían solicitudes de asilo, según datos oficiales. EFE
