El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela advirtió que, aunque durante 2026 se han registrado algunas aperturas en la publicación de información del régimen, todavía no existen garantías consolidadas para ejercer el derecho de acceso a la información pública.
La organización presentó el informe Grietas, no puertas. Variaciones en el acceso a la información pública en Venezuela, en el que documenta la reaparición de datos que permanecieron ocultos o fueron difundidos irregularmente durante años, entre ellos los indicadores macroeconómicos del Banco Central de Venezuela (BCV) y el boletín epidemiológico.
Sin embargo, las consultas realizadas por IPYS a periodistas y organizaciones muestran que estas aperturas no se traducen en una mejora sustancial del acceso a los datos necesarios para informar, documentar y ejercer contraloría sobre la gestión estatal.
El informe identifica como áreas prioritarias de información pendiente hidrocarburos, minería, Sistema Eléctrico Nacional, reducción del Estado y reforma institucional. También señala vacíos en datos sobre presupuestos públicos, demografía, niñez y adolescencia, género y feminicidios, ambiente, seguridad alimentaria, mercado laboral e ingresos petroleros, además de los recursos destinados a la emergencia y reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio.
Información sobre Venezuela llega desde Estados Unidos
IPYS también destaca que durante 2026 organismos del Gobierno de Estados Unidos se han convertido en fuentes de información sobre asuntos internos venezolanos, particularmente en materia de hidrocarburos, minería e infraestructura eléctrica, ante la ausencia o insuficiencia de datos de las instituciones venezolanas.
La organización señaló que esta situación no soluciona el problema estructural, pues la rendición de cuentas requiere que la información de interés público pueda ser conocida, verificada y examinada por la ciudadanía.
En el sector petrolero, el informe menciona el acuerdo anunciado a finales de agosto entre Venezuela y Estados Unidos, relacionado con aproximadamente 65.000 millones de barriles de petróleo. IPYS advierte que no se ha divulgado el texto completo del convenio ni sus contratos conexos, por lo que persisten interrogantes sobre sus condiciones financieras, duración, campos involucrados y mecanismos de participación y rendición de cuentas.
Terremotos evidenciaron las consecuencias de la opacidad
Los sismos del 24 de junio expusieron, según IPYS, las consecuencias más graves de la falta de información pública oportuna. Durante la emergencia se registraron inconsistencias en las cifras de fallecidos, ausencia de registros públicos unificados sobre víctimas y desaparecidos y dificultades para conocer el origen, destino y ejecución de los recursos destinados a la atención y reconstrucción.
La organización señaló que las consultas realizadas reflejaron una valoración predominantemente negativa sobre la información oficial suministrada y sobre la posibilidad de hacer seguimiento a los fondos movilizados.
IPYS subrayó que, en situaciones de emergencia, el acceso a datos oficiales oportunos, precisos y verificables puede convertirse en una cuestión de vida o muerte.
Solicitudes formales siguen sin garantizar respuestas
El informe también revisó la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, vigente desde 2021. Según las experiencias recogidas por la organización, las solicitudes formales continúan recibiendo principalmente silencio o respuestas insatisfactorias, lo que ha generado desgaste en este mecanismo legal.
IPYS concluyó que las aperturas registradas durante 2026 son reales, pero insuficientes para hablar de una transformación estructural de la política informativa del régimen.
Por ello, planteó pasar de “aperturas selectivas” a garantías permanentes, mediante la publicación sistemática de indicadores de interés público, el acceso a contratos y estudios de impacto ambiental, la transparencia sobre recursos petroleros y de reconstrucción, protocolos de información durante desastres y mecanismos institucionales efectivos para responder solicitudes ciudadanas.
“La grieta” abierta en el muro del secretismo, sostiene IPYS, requiere convertirse en “puertas” permanentes y exigibles para garantizar el derecho de acceso a la información pública.
