La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela afirmó que, pese a una reducción de algunas formas de represión y a la liberación de cientos de personas detenidas por motivos políticos, las estructuras del régimen responsables de graves violaciones de derechos humanos permanecen intactas.
En su más reciente informe, la Misión señaló que después del 3 de enero de 2026 se produjo una disminución significativa de las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas relacionadas. También registró un mayor margen para las protestas, las reuniones públicas y la participación de organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, advirtió que estos cambios no estuvieron acompañados por reformas institucionales capaces de garantizar una mejora sostenida de los derechos humanos. Según la investigación, continúan vigentes leyes utilizadas para criminalizar la disidencia, mientras los servicios de inteligencia y cuerpos de seguridad mantienen esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas.
La Misión también señaló que al menos 19 funcionarios previamente identificados por su participación en graves violaciones de derechos humanos permanecen en cargos clave o fueron reasignados a posiciones de relevancia.
“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es notable, pero de ninguna manera equivale todavía a una transformación del sistema que las hizo posibles”, afirmó Sofía Macher, presidenta de la Misión.
El organismo continuó documentando casos de tortura y malos tratos contra personas detenidas por razones políticas. En El Rodeo I, investigó prácticas como la intubación forzada y el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea conocida como la “máquina del tiempo”. En Fuerte Guaicaipuro documentó el confinamiento en celdas tipo fosa, exposición al frío, privación de alimentos y otras prácticas degradantes.
La Misión investigó 64 nuevos casos de tortura después del 3 de enero, lo que, según sus conclusiones, evidencia que estas prácticas continúan.
Asimismo, alertó sobre las condiciones de cientos de personas detenidas, quienes tendrían acceso severamente restringido a agua potable, alimentación, medicamentos y atención médica. El organismo vinculó varios casos de muertes bajo custodia con la falta o insuficiencia de atención médica y los malos tratos.
Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por razones políticas. El 94% ocurrió antes de finales de 2025. Después del 3 de enero, la Misión identificó un patrón de arrestos arbitrarios de corta duración dirigidos a intimidar a activistas, periodistas y otros integrantes de la sociedad civil.
Aunque las excarcelaciones redujeron el número de presos políticos, la Misión señaló que organizaciones no gubernamentales estimaban que entre 379 y 500 personas permanecían detenidas. El organismo advirtió que la falta de información oficial, transparente y verificable impide determinar con precisión quiénes han sido liberados y cuál es la situación jurídica de quienes continúan detenidos.
La investigación también dedicó un apartado a los colectivos, a los que describió como un componente central del aparato represivo y de un sistema más amplio de control social. La Misión encontró evidencias de relaciones de larga data entre estos grupos y el régimen, que incluyen respaldo político, financiamiento, apoyo logístico y material, coordinación operativa y protección institucional.
Según el informe, existen elementos para considerar que el régimen venezolano suministraba regularmente a colectivos armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos móviles y equipos de radio, facilitando su participación en labores de vigilancia, inteligencia y represión.
La Misión sostuvo que, cuando los colectivos ejercen autoridad pública otorgada por la legislación venezolana o actúan bajo instrucciones, dirección o control de organismos estatales, sus actuaciones pueden ser atribuibles al régimen. También afirmó que, independientemente de la atribución de actos específicos, el régimen tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos cometidos por estos grupos.
María Eloisa Quintero, integrante de la Misión, instó a las autoridades del régimen a avanzar hacia la rendición de cuentas y adoptar un marco de justicia transicional centrado en las víctimas. También pidió revertir el retiro de Venezuela del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Los informes fueron presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 18 de septiembre de 2026.
La Misión de la ONU sobre Venezuela alertó que el aparato represivo y las leyes que criminalizan, como la Ley Contra el Odio, siguen vigentes.
Denunciaron que servicios de inteligencia y cuerpos de seguridad continúan con estructuras, políticas y prácticas, mientras que grupos… pic.twitter.com/svjZZsmq6K
— PROVEA (@_Provea) September 29, 2026
