Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica durante la dictadura de Hugo Chávez, pidió este lunes la nulidad del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional de España contra antiguos directivos de la empresa Duro Felguera por presuntos sobornos vinculados con la adjudicación de una central termoeléctrica en Venezuela.
La defensa de Villalobos alegó la prescripción del procedimiento y una presunta vulneración de derechos fundamentales durante el registro de su domicilio. También sostuvo que los hechos podrían considerarse juzgados en Venezuela y cuestionó que se incorporara el delito de falsedad documental cuando la causa ya estaba avanzada.
La Fiscalía Anticorrupción española acusa a los procesados de blanqueo de capitales, corrupción internacional y falsedad documental por hechos ocurridos en 2009. Según la acusación, el entonces ministro venezolano de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, habría intervenido para que Duro Felguera obtuviera la adjudicación de la construcción de una central termoeléctrica en el país.
A cambio del contrato, la empresa española presuntamente se comprometió a realizar pagos a funcionarios venezolanos. De acuerdo con la Fiscalía, el expresidente de Duro Felguera, Juan Carlos Torres Inclán, y el exconsejero delegado Ángel Antonio del Valle habrían acordado entregar a Villalobos, mediante sociedades interpuestas, al menos 105,6 millones de dólares.
La acusación desglosa los pagos en tres entregas: una de 53,9 millones de dólares, otra de 25 millones y una tercera de 26,6 millones. Estos señalamientos forman parte de la acusación fiscal y deberán resolverse en el proceso judicial.
Durante la primera sesión del juicio, la Fiscalía también alcanzó un acuerdo de conformidad con Luis Barrios, expresidente de la empresa venezolana Técnicas Reunidas, quien reconoció su implicación en los hechos mediante una videoconferencia desde Estados Unidos.
Por su parte, Torres Inclán también admitió los cargos. El Ministerio Público solicitaba inicialmente para él nueve años y seis meses de prisión, pero modificó su petición a una multa de 4.800 euros.
El juicio busca determinar las responsabilidades penales de los acusados por los presuntos pagos vinculados con la adjudicación del contrato público en Venezuela.
Con información de EFE
