El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele liberó a tres mujeres que cumplían condenas de 30 años de cárcel después de sufrir emergencias obstétricas durante sus embarazos y que fueron procesadas por el delito de homicidio agravado.
“Ayer nos llamaron para informaron que, por una orden presidencial, dejarían en libertad a Karen, pero cuando llegamos a la cárcel nos dijeron que serian tres las que quedaban en libertad”, dijo a la agencia AP Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana a por la Despenalización del Aborto. “Nos presentamos a la cárcel de Zacatecoluca y salieron Karen, Kathy y Evelyn. Ya están libres y en sus casas”.
Herrera dijo no tener más información de la decisión del mandatario, pero explicó que ya había procesos ante la Corte Suprema de Justicia parea que se les conmutara las condenas, procesos que debieron pasar al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y “la orden debió venir del presidente”.
“Salieron ayer por conmutación de pena y se les restituyen todos sus derechos”, agregó
“Esta nochebuena, como resultado de los esfuerzos de la campaña “Nos Faltan Las 17”, tres de las 17 salvadoreñas que fueron injustamente condenadas tras sufrir emergencias obstétricas de salud en sus embarazos, han sido liberadas de prisión y se reunirán con sus familias”, expresa un comunicado de prensa.
Recientemente se impulsó la campaña “Nos Faltan Las 17”, que tiene como objetivo crear conciencia sobre el trato injusto y castigo legal de las mujeres en El Salvador que sufren complicaciones en el embarazo.
La semana pasada, la campaña publicó un video con varias celebridades estadounidenses entre ellas América Ferrera, Mila Jovovich, Katheryn Hann, Paola Mendoza y Reshma Saujani, pidiendo al presidente Bukele y a la sociedad salvadoreña en general que hagan posible que estas mujeres —Las 17— regresen a casa para esta Navidad.
“Estamos agradecidos que nuestros pedidos estén siendo escuchado y confiamos que el presidente Bukele va a trabajar para lograr la libertad del resto de las mujeres inocentes”, dijo Paula Avila-Guillén, abogada internacional de Derechos Humanos y Directora Ejecutiva del Women´s Equality Center.
El 30 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado de El Salvador por violar los derechos humanos de una mujer salvadoreña identificada como “Manuela”, quien fue detenida en 2008 luego de ser acusada de provocarse un aborto. La mujer murió en 2010 mientras cumplía su condena, dejando huérfanos a sus dos hijos.
La Corte consideró que Manuela era una mujer de escasos recursos económicos y analfabeta. En febrero de 2008, mientras vivía en una zona rural junto a su familia, sufrió una emergencia obstétrica y fue atendida en un hospital público en la zona oriental del país, donde fue denunciada por el personal médico que la atendió durante la emergencia, y fue detenida arbitrariamente. Fue condenada posteriormente a 30 años de prisión.
Organizaciones defensoras de las mujeres sostiene que “Manuela” fue juzgada sin una defensa judicial efectiva y que fue condenada injustamente. Dicen que además se le negó atención médica para enfrentar un cáncer mientras se encontraba privada de libertad.
El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones, junto con Nicaragua, Honduras y República Dominicana.
El Salvador es inflexible con las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado. Sin importar si sus vidas están en peligro o si se trata de niñas victimas de violación, la ley lo castiga. Actualmente hay varias mujeres cumpliendo condenas entre 10 y 30 años de cárcel por haber abortado.
La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos. De ser encontradas culpables, las penas varían de dos a los ocho años. No obstante, en muchos casos el delito se cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima con el victimario y las mujeres pueden llegar a ser condenadas hasta 30 años de prisión.
