La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió este jueves que, de no haber reformas, las elecciones generales en Nicaragua, previstas para el 7 de noviembre, no serán un proceso representativo, pluralista, transparente y justo.
Bachelet presentó ante el Consejo de DDHH de la ONU, en Ginebra, su nuevo informe sobre la situación en Nicaragua, que comprende el periodo entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
Allí señaló que «la postergación de las reformas electorales y la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de leyes que socavan el ejercicio de los derechos civiles y políticos no serán conducentes a un proceso electoral representativo, pluralista, transparente y justo en 2021«.
«El Estado de derecho sigue deteriorándose. La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático. A principios de este mes, dos prominentes organizaciones defensoras de la libertad de expresión se vieron obligadas a suspender sus actividades por las exigencias y controles introducidos por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros», denunció Bachelet.
Derechos fundamentales
La Alta Comisionada de la ONU informó que su oficina ha documentado 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la policía o elementos progubernamentales en contra de estudiantes, campesinos, activistas políticos, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas y de mujeres.
También registraron 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados “opositores”.
Igualmente, siguieron las detenciones arbitrarias, en su mayoría de breve duración. «Fuentes de la sociedad civil reportan que más de 100 personas continúan privadas de su libertad por razones políticas«, dijo la expresidenta de Chile.
Bachelet denunció que las violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas sociales de 2018 siguen en la impunidad.
«Una vez más, insto al Gobierno que permita a mi Oficina acceder al país para cumplir con su mandato, que incluye el monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral y la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de las libertades públicas. Es crucial que se adopten las reformas necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes«, reclamó.
