El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), exigió a liberación inmediata del sindicalista y trabajador humanitario, enfocado en temas como la migración forzada y casos de violencia basada en género en comunidades vulnerables, Gabriel Blanco.
En un comunicado rechazaron contundentemente la detención arbitraria de Blanco, «que parece obedecer a un acto de represalia por su legítima labor en defensa de los derechos humanos en Venezuela,» e «instó a las autoridades venezolanas a liberar de manera inmediata a Blanco y a poner fin a todo tipo de actos de hostigamiento y criminalización en su contra, así como en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos en el país.»
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Venezuela urgiéndolas a:
- Liberar de manera inmediata e incondicional a Gabriel Blanco, y adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar su seguridad y integridad física y psicológica;
- Poner fin a todo tipo de actos de hostigamiento y criminalización en contra de Gabriel Blanco, y asegurar garantías para todas las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela;
- Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte de la presidencia de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela.
En este sentido, señalaron que se trata de «una reciente ola de represión y de detenciones arbitrarias en contra de sindicalistas, activistas y opositores políticos en un contexto de protestas sociales en el país.»
PROVEA y COFAVIC informaron al observatorio que Blanco fue arrestado arbitrariamente el 6 de julio de 2022, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), vestidos de civil y sin identificación ni credenciales visibles, quienes lo interceptaron a las afueras de su vivienda en la urbanización Carlos Delgado Chalbaud, en la parroquia Coche, al suroeste de Caracas.
Los funcionarios le insistieron en que Blanco les acompañara a la sede central del organismo para una supuesta “entrevista”. En ausencia de una orden judicial emitida por un tribunal competente, se negó acompañarlos. Sin embargo, los funcionarios de la DGCIM alegaron que la referida orden se estaba tramitando e iba “en camino” y despojaron a Blanco de su celular y de su cédula de identidad.
