Un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) y Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos muestra que quienes trabajan en universidades públicas de Venezuela no pueden cubrir con su salario sus gastos básicos de alimentación ni pueden adquirir ropa.
El informe señala que esta precariedad salarial, que en la población encuestada para el informe oscilaba entre 34,60 y un máximo de 173,01 dólares mensuales, viola el derecho a la alimentación y el vestido, consagrados en instrumentos internacionales y en la legislación nacional como partes del derecho humano a una vida digna.
El equipo de investigación del ODH-ULA encuestó a 40 miembros del personal docente, administrativo, técnico y obrero de la ULA -durante los días 25, 26 y 27 de julio de este 2022- con el objetivo de conocer sus posibilidades y dificultades de acceso a la alimentación y el vestido. “El 100% de los trabajadores universitarios indicó que el salario que recibe es insuficiente para cubrir sus necesidades de alimentación y vestido, y que prioriza entre sus gastos la adquisición de alimentos y medicinas”, reseña el reporte titulado «Afectaciones al derecho a un nivel de vida adecuado: carencias de alimentación y vestido«.
Alimentación indigna con los CLAP
Detalla el informe que los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) fueron creados por el gobierno de Nicolás Maduro en el año 2016. Su conformación y funcionamiento violan el artículo 117 de la Constitución nacional, donde se establece el derecho de toda persona a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno sobre los productos y servicios que consume, así como a recibir una a información adecuada y no engañosa sobre el contenido y las características de los mismos.
Personas que reciben las llamadas cajas CLAP, que no son gratuitas y cuyo costo aumenta constantemente, denuncian irregularidades en su distribución y mala calidad de los alimentos que contienen. Entre 2016 y mediados de 2019, la ONG Transparencia Venezuela recibió al menos 200 denuncias sobre el mal funcionamiento de los CLAP.
Entre las quejas más comunes de los usuarios de los CLAP, registradas en noticias publicadas en medios de comunicación nacionales, regionales y locales, está la baja calidad y cantidad de los productos, llegando algunos incluso a no ser aptos para el consumo porque están vencidos o tienen animales, bacterias u hongos. En agosto de 2019, medios de comunicación informaron que 40 personas resultaron intoxicadas luego de consumir sardinas que venían las bolas de alimentos distribuidas por los CLAP.
En la encuesta hecha por el ODH-ULA y Epikeia para su informe, el 72,5% de los participantes indicó que reciben los alimentos distribuidos por los CLAP. De esa cantidad, 68,96% manifestó que los mismos son de mala calidad y que en ocasiones llegan vencidos, con moho o insectos, “pero a pesar de ello el 65% los consume porque no tiene otra alternativa”, señala el informe. Apenas un 10% de los encuestados que reciben estos alimentos los intercambia por frutas, verduras u otros productos.
“Ese 72,5% de universitarios, beneficiarios de los productos CLAP, no tienen independencia ni autonomía de decisión respecto del día y hora para retirarlos y deben ir a hacer fila para acceder a ellos. Quien fija las circunstancias de tiempo, modo y lugar para el abastecimiento de alimentos es el CLAP de cada localidad/zona/sector respectivo”, precisa el informe, añadiendo que el 27,5% de los encuestados que reciben los alimentos del CLAP son personas mayores de 60 años.
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