Abogados defensores de derechos humanos advirtieron que so el Gobierno del presidente Gustavo Petro retira la remisión sobre Venezuela presentada por Colombia ante la Corte Penal Internacional (CPI), estaría enviando «un mensaje de impunidad» ante los crímenes de lesa humanidad.
«Retirar la remisión manda un mensaje que va en contra de la lucha contra la impunidad en los casos de crímenes internacionales, pues la Fiscalía de la CPI ya ha señalado que existen fundamentos suficientes para creer que este tipo de crímenes han sido perpetrados en Venezuela, por lo que sin duda este mensaje de Colombia representa un intento de obstaculizar esa respuesta, esa búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas, y más aún, como sabemos, muchos de los migrantes venezolanos que son potencialmente víctimas de crímenes de lesa humanidad se encuentran en Colombia, entonces como Estado parte está llamado a cooperar con el proceso de investigación”, aseguró Omar Piñango, abogado y coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, en un Twitter Space.
Andrea Santacruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet), coincidió al señalar que le preocupa «el uso de la Corte Penal Internacional como una herramienta política».
La abogada destacó que «debemos apostar es que sea un espacio que se mantenga para la justicia. En consecuencia, utilizarlo con fines políticos le hace un flaco favor a los procesos de justicia internacional, y en el caso particular de Colombia, que tiene una situación de violencia marcada y que incluso tuvo un examen preliminar abierto por muchos años el cual se cerró recientemente con el compromiso del Estado de garantizar justicia dentro de su territorio, pues enviar un mensaje en contra de esto creo que podría afectarlo”.
Piñango recordó que la investigación del caso de Venezuela ante la CPI está en curso una vez cerrada la etapa de examen preliminar que se abrió en 2018. Detalló que esta nueva etapa viene con nuevas prerrogativas para la Oficina de la Fiscalía de la CPI, entre ellas la selección y priorización de algunos casos, la posibilidad de solicitar órdenes de arresto o de comparecencia, de llevar a cabo investigaciones en el territorio.
Por ello, explicó que «no hay posibilidad de que si Colombia decide retirar la denuncia contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional eso pueda incidir en la investigación que la Fiscalía de ese tribunal inició para determinar responsabilidades por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país”,
Santacruz recordó que la investigación contra Venezuela se trató de una remisión no solo de un Estado sino de seis, agrupados en el denominado el Grupo de Lima, entre ellos Colombia, por considerar que en Venezuela estaban ocurriendo crímenes atroces, específicamente de lesa humanidad, aunque precisó que para el momento en que lo hicieron –el 20 de septiembre de 2018– ya el examen había iniciado de oficio, meses antes, específicamente el 8 febrero de ese mismo año.
Ambos coincidieron en su preocupación por que con sus declaraciones o intenciones, el nuevo gobierno de Colombia estaría enviando un mensaje sobre su posición en torno a impunidad en materia de crímenes atroces, como ya ocurrió con Argentina.
