El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró un total de 1.654 ataques e incidentes de seguridad durante los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
«El Estado venezolano afianzó la política de criminalización, represión y control social, evidenciando un incremento progresivo en las vulneraciones a las libertades fundamentales, principalmente los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos», denunció la organización.
En este periodo, las agresiones, amenazas y obstaculizaciones en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y de acción humanitaria aumentaron progresivamente, evidenciando un ambiente complejo y hostil para el ejercicio de acciones relacionadas a la defensa, exigencia y promoción de derechos y la actividad humanitaria en el país.
Los 1.654 ataques e incidentes de seguridad documentados entre los años 2017 y 2021 se reflejaron en los siguientes patrones de agresión:
- Estigmatización: 1.112
- Intimidación y Hostigamiento: 301
- Amenazas: 101
- Detención Arbitraria: 37
- Ataques Digitales: 35
- Otros: 28
- Judicialización: 22
- Allanamientos: 18
«El Estado venezolano aplicó la lógica del enemigo interno mediante acciones contrarias a sus obligaciones internacionales, agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos», denunció la ONG
Uno de los principales elementos de preocupación para el CDJ es el aumento del uso del derecho penal para perseguir y la promulgación de nuevos instrumentos normativos asociados a temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimación de capitales, que fueron empleados para justificar la tesis del enemigo interno.
