La organización no gubernamental Espacio Público denunció que en el mes de julio fue de hostigamiento y censura al contabilizar seis casos y 10 violaciones al derecho a la libertad de expresión en el país, lo que suma un total de 114 agresiones en lo que va de año.
Periodistas y medios de comunicación fueron las principales víctimas de los funcionarios y organismos del Estado, quienes fueron los que perpetraron estas acciones.
Entre las víctimas se cuentan tres medios de comunicación, dos periodistas y un particular. Las violaciones fueron perpetradas por tres instituciones del Estado, dos funcionarios y un directivo de medios.
Denuncias silenciadas
El 3 de julio, la ciudadana indígena Nancy Herrera fue intimidada por un funcionario militar y obligada a pedirle disculpas, en compañía de un fiscal del Ministerio Público y personas armadas, por una denuncia que hizo sobre la quema de unos equipos que hacen minería ilegal en el estado Amazonas.
El hecho ocurrió luego de que Herrera increpó a un funcionario de apellido «Maita» en un video que se transmitió por redes sociales. Posteriormente, el efectivo llegó con funcionarios armados al lugar donde estaba la ciudadana y la intimidó para que se «disculpara» mientras grababa. Herrera dijo en otro video que la obligaron a disculparse y que la podían meter presa si no hacía lo que le indicaron.
Durante la tarde del 11 de julio, personal de Protección Civil del municipio Píritu, en el estado Anzoátegui, y funcionarios de Polianzoátegui amenazaron con privar de libertad al periodista Jesús Vásquez, lo ofendieron y lo intimidaron por una nota que publicó en Noticostas Venezuela.
La nota trataba sobre los riesgos que hay en una quebrada del sector La Paz del municipio Píritu y la directora de Protección Civil le recriminó que eso afectaba su gestión municipal. «Eso es parte de la realidad, ahí están la nota con fotos, tengo todo el argumento», dijo Vásquez.
Vázquez también recibió amenazas y vivió actos de intimidación por parte del alcalde de Píritu, Jesús Méndez (del partido Fuerza Vecinal), por las publicaciones, donde explica que la Alcaldía no ha planificado la limpieza y remoción de los escombros y de la basura que bordea las viviendas por el alza del nivel de la quebrada.
En el municipio Libertador del Distrito Capital, funcionarios policiales fotografiaron e intimidaron a activistas que protestaban frente a la sede principal de la Fiscalía General, en Parque Carabobo, por la la detención arbitraria, persecución judicial y exposición de 33 hombres detenidos mientras ejercían legalmente su derecho a la asociación.
En el lugar estuvieron presentes activistas de la comunidad LGTBIQ+ diciendo consignas y con pancartas que exigían la libertad plena de los 33 hombres. Aisak Ovalles, activista de la ONG País Plural, denunció que efectivos de Policaracas empezaron a grabar y tomar fotos conforme pasaba el tiempo de la protesta.
“Llegaron entre 10 y 15 oficiales con una actitud agresiva, tomando fotos, grabando videos y haciendo chistes (…) Muchas personas se fueron por resguardar su seguridad”, dijo Ovalles.
Censura y ataques a medios
A través de su cuenta en Twitter, el empresario y dueño del canal privado Globovisión, Raúl Gorrín, hostigó, insultó y amenazó al medio digital El Pitazo por una nota sobre él que se publicó en el portal. Gorrín tildó al personal del medio de «cobardes del periodismo», «tarifados» y «reptiles de la comunicación».
El ataque surgió en respuesta a una nota que reseñaba las críticas que hicieron usuarios de redes sociales a Raúl Gorrín por una publicación en Twitter del 12 de julio, en la que atacó a los candidatos de la elección primaria de la oposición.
En otra publicación, Gorrín también atacó al periodista de Armando.Info, Roberto Deniz. El empresario acusó a Deniz -quien es constantemente señalado por funcionarios chavistas y sus influenciadores- de «tarifado», luego de que el comunicador criticara su postura sobre los candidatos de la oposición.
El mismo 12 de julio, luego de que terminara el debate entre candidatos opositores en la UCAB, Gorrín dijo que las plataformas de Globovisión «no serán utilizadas» para lo que asegura son «causas antinacionalistas», en referencia a las posturas políticas de los opositores.
La acción constituye una medida de censura que puede responder a intereses personales, a pesar de ser un canal privado e impediría la visibilidad de información de interés público.
En San Cristóbal, estado Táchira, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cese de transmisiones y el apagado de los equipos de la emisora local Éxtasis 97.7 FM, luego de 29 años de transmisión desde la capital tachirense.
José Luis Rincón, director de la emisora, comentó que en la radio han sido entrevistados candidatos de todas las tendencias, además de contar con periodistas críticos y de diversos grupos. Dijo que la emisora del estado Táchira tenía todos los pagos hechos a Conatel en cuanto a la concesión y la habilitación del uso del espacio radioeléctrico.
También en el estado Táchira, el 20 de julio, la Alcaldía del municipio Jáuregui atacó y hostigó al medio digital La Grita 7 Diario, a través de su cuenta institucional en Instagram, por una nota que publicó sobre la presunta paralización de una unidad de hemodiálisis en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de La Grita.
La institución municipal acusó al medio de “difamar, poner en tela de juicio” y vulnerar “la estabilidad emocional de muchos” por la publicación. La acusación propició que otros usuarios de esa red social se sumaran a los ataques y hostigamientos al medio a través de los comentarios.
