Los obispos del Perú, reunidos en la Conferencia Episcopal Peruana, rechazaron este lunes la decisión de una junta médica de aprobar el aborto terapéutico a una niña de 11 años, embarazada por la violación de su padrastro, al considerarlo un acto de «injusticia» y «vulneración del derecho a la vida», solicitaron que la menor no sea sometida a ese procedimiento y que se persiga al violador.
En un comunicado, los representantes de la Iglesia señalaron que una primera junta médica en la región amazónica de Loreto, donde reside la menor identificada como «Mila», resolvió que el aborto terapéutico no era aplicable porque «no reunía las condiciones necesarias», como el «peligro de muerte» o el «daño permanente» de la gestante.
Sin embargo, una segunda junta médica en Lima, a donde fue trasladada la menor, aprobó el aborto el pasado sábado.
«Frente a este acto de injusticia y de vulneración del derecho a la vida del ‘nasciturus’ (el que nacerá), levantamos nuestra voz de rechazo ante este hecho injusto e indolente. Puesto que la vida es sagrada», afirmaron los obispos.
Subrayaron que en este caso «se ha condenado a muerte a un inocente, se ha expuesto a un daño mayor a la víctima y se ha liberado al delincuente»
«No se puede justificar un mal, en este caso, un aborto directo, para obtener supuestamente el bienestar de otra persona», anotaron al cuestionar que se incluya como causal del aborto la presunta afectación de la salud mental de la gestante.
En ese sentido, los obispos hicieron un llamado a las autoridades y trabajadores de salud a reflexionar para que el Perú «no abra las puertas a la cultura de la muerte» y que «Mila» «sea cautelada adecuadamente, se le ayude a sanar las heridas de la violación, no sea sometida a un aborto y que se persiga con todo el peso de la ley al violador y se eviten nuevos abusos».
El presunto agresor de «Mila», Lucas Pezo Amaringo, se encuentra en libertad, bajo el régimen de comparecencia restringida, después de que el Poder Judicial desestimara el pedido de la Fiscalía al considerar que no existían suficientes elementos de convicción para dictar la medida cautelar.
«¿Qué más pruebas puede pedir el Poder Judicial para actuar? Ya la Fiscalía actuó y pidió su detención. No sé por qué lo han dejado en libertad. Tienen que ser más firmes cuando tengan que tomar las decisiones», declaró el domingo la presidenta peruana, Dina Boluarte.
Ante la ola de indignación que ha generado este caso, Boluarte exigió «al Poder Judicial la reversión de la persona que está en libertad, la captura inmediata».
«Nosotros, desde el Ministerio de la Mujer, pero también desde el Ministerio de Salud, y como Gobierno, vamos a proteger y amparar a la menor y la vamos a acompañar de acá para siempre. No la vamos a abandonar», dijo la presidenta a los medios de comunicación en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, donde está ingresada la niña.
El caso de «Mila», nombre ficticio para proteger la identidad de la menor, provocó esta semana que organismos de Naciones Unidas, Save the Children o CHS Alternativo exhorten al Estado peruano garantizar el derecho de la niña de acceder al aborto terapéutico.
La Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Loreto, en la Amazonía de Perú, programó para el próximo miércoles la audiencia de apelación a la petición de prisión preventiva para Pezo, informó el Poder Judicial. EFE
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