El Partido Comunista de Venezuela (PCV) vive la cuarta «ilegalización» de su historia desde su fundación hace 92 años, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia Supremo ordenara una intervención, que sus miembros -aseguran- afrontan con «la moral en alto».
El PCV nació en la ilegalidad y vivió episodios de clandestinidad durante los Gobiernos militaristas de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), y del socialdemócrata Rómulo Betancourt (1945-1948), cuando pasó a ser una guerrilla.
El 11 de agosto, el TSJ admitió un amparo constitucional, introducido en julio por supuestos miembros del propio PCV, que despoja a la dirección tradicional de sus siglas y tarjeta electoral, y nombra una «junta directiva ad hoc» para organizar «procesos democráticos internos».
LAS «ABERRACIONES» DE LA SENTENCIA
Yul Jabour, miembro de la dirección tradicional del PCV, dijo a EFE que esta acción es una «judicialización», como ocurrió «en dictaduras militares o en «seudodemocarcias», lo que el buró político del comité central de la formación considera una «aberración jurídica» con errores «inexcusables» y marca un «gravísimo precedente para la historia».
Explicó que el TSJ justifica la decisión con que «no se ha celebrado el correspondiente congreso de la organización», lo que -aseguró Jabour- «es falso», ya que la hubo cónclave en 2017 y en 2022, cuando se eligieron a los 62 miembros actuales del comité central, quienes ratificaron, por sexta vez, a Óscar Figuera en la Secretaría General.
Además, negó que quienes introdujeron el amparo sean «militantes» del PCV, como los identifica la sentencia, sino que varios de ellos «son activistas de otras organizaciones políticas», y precisó que solo dos de los que figuran en la «junta ad hoc» impuesta fueron miembros del partido, excluidos desde hace varios años por no cumplir con sus obligaciones estatutarias.
«Nadie puede alegar un derecho en una organización a la cual no pertenece», subrayó Jabour.
Ante esta «aberración», el PCV presentó un «escrito de defensa» ante el TSJ, en el que señaló que este amparo contraviene la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por haber sido introducido el 10 de julio, más seis meses después del último congreso del partido.
Asimismo, destacó que la sentencia que ordena su intervención también es inconstitucional por no considerar el derecho a la reelección indefinida, establecido en la ley venezolana.
«En una parte de la sentencia, se dice que, para garantizar el principio de alternabilidad, los que se elijan para un cargo en las organizaciones políticas tienen que estar por un tiempo determinado, y eso viola un principio de la Constitución que se adoptó en la reforma constitucional (…) a cualquier cargo de reelección popular se puede optar (…) tantas veces el pueblo quiera», destacó.
Por su parte, la ONG Acceso a la justicia recordó que la medida contra el PCV fue impuesta también en años anteriores a «más de una docena de formaciones», tanto opositoras -como Acción Democrática, Primero Justicia y Copei- como tradicionales de izquierda, como Bandera Roja o Patria Para Todos.
Según la organización, esta «parece ser una estrategia por confeccionar no solo una oposición a la medida, sino por silenciar toda disidencia dentro de sus propias filas».
Con información de EFE
