La Justicia argentina ha ordenado investigar la posible responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, en el marco del principio de justicia universal.
La decisión fue fundamentada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, de la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires, quienes, en su fallo, indicaron que «corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento».
La investigación fue impulsada en 2023 por el fiscal federal Carlos Stornelli, tras denuncias presentadas por el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) y la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés), que buscan determinar si se cometieron violaciones a los derechos humanos en Venezuela con evidencia de crímenes de lesa humanidad por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas contra la oposición.
Según el fallo, las diligencias deben ser llevadas a cabo «con celeridad» por ser «imprescindibles para contrapesar el accionar delictivo ejecutado por las autoridades estatales del gobierno venezolano».
«En caso de hallarse reunidos los requisitos legales se proceda a avanzar en la convocatoria a indagatoria de los aquí imputados», agregaron Bruglia y Bertuzzi.
A eso, Llorens sumó que es «impostergable» que el juez resuelva «convocar a declaración indagatoria a Maduro, a Diosdado Cabello y todos aquellos identificados como responsables» y que se juzgue a los responsables de «las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad» denunciadas.
«El año pasado fuimos firmes en nuestra defensa de la democracia cuando el dictador Maduro intentó ingresar a Argentina para la cumbre de la CELAC. En febrero ampliamos la denuncia y hoy estamos viendo los frutos de este trabajo que es en favor de la democracia y la justicia«, afirmó el presidente del FADD, Waldo Wolff.
Recientemente, el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia amplió su denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Maduro, tras la «desaparición forzada» de la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel.
«La tortura, desaparición forzada, encarcelamiento y la persecución selectiva son delitos de lesa humanidad y deben ser investigados no solo por la Corte Penal Internacional, como está ocurriendo, sino también por la justicia de países como Argentina. El mundo se le debe hacer chiquito a quienes buscan permanecer en el poder por medio de la barbarie», expresó Elisa Trotta, secretaria general del FADD.
