Las vulneraciones de derechos de la sociedad civil y de estándares de los entornos del espacio cívico en Venezuela aumentaron un 130,5% durante los primeros tres meses del año respecto al mismo período de 2023, indicó este jueves la ONG Civilis.
Según un boletín de la organización no gubernamental, se computaron 136 eventos relacionados con este tipo de vulneraciones de enero a marzo de este año, frente a los 59 del mismo lapso de 2023.
Entre los derechos «más vulnerados» durante el primer trimestre de 2024, Civilis señaló el relativo a la participación, la libertad de asociación y expresión.
Asimismo, prosiguió, «continuaron las restricciones e inseguridad en el reconocimiento y protección a la sociedad civil, así como la ausencia de Estado de derecho, justicia y participación democrática».
«Fueron más perjudicados los partidos políticos, las ONG y los gremios. En estos eventos actuaron autoridades judiciales, legislativas, administrativas y cuerpos de seguridad», aseguró.
La ONG mencionó, entre los casos de vulneraciones a derechos civiles, las detenciones de miembros de la organización política Vente Venezuela (VV) -liderada por la exdiputada liberal María Corina Machado- y de la activista Rocío San Miguel, quien cumplió este jueves tres meses detenida.
Por otra parte, en la categoría de vulneraciones de estándares de los entornos del espacio cívico, Civilis señaló la ratificación, en enero, de la inhabilitación de Machado, ganadora de las primarias opositoras de octubre pasado, y del exgobernador Henrique Capriles, por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Además, denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) «no permitió la inscripción» de Corina Yoris como candidata de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), a las presidenciales del próximo 28 de julio, tras haber sido elegida por el bloque como su aspirante, debido a la inhabilitación que pesa sobre Machado y que le impide ejercer cargos públicos de elección popular hasta 2036.
