La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en el que condena la orden de captura aprobada por el el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo contra el candidato presidencial unitario, Edmundo González.
«La persecución política, esta vez en forma de orden de aprehensión del candidato opositor que aparece como ganador en las pasadas elecciones conforme a la única información documental disponible a más de un mes de realizadas las elecciones, constituye un crimen más en la permanente y continua lógica jurídica de violación sistemática de los derechos humanos en el país«, señala el escrito publicado este martes en su página web.
A continuación, el comunicado completo:
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condena el pedido de captura emitido por las autoridades del régimen en Venezuela contra Edmundo González. La persecución política, esta vez en forma de orden de aprehensión del candidato opositor que aparece como ganador en las pasadas elecciones conforme a la única información documental disponible a más de un mes de realizadas las elecciones, constituye un crimen más en la permanente y continua lógica jurídica de violación sistemática de los derechos humanos en el país.
Una vez más el poder judicial en Venezuela perpetra actos que lo señalan como instrumento fundamental en la ejecución de crímenes de lesa humanidad en el país. No es un poder judicial que administra justicia, sino represión y conculcación de libertades fundamentales, y que se erige en agente principal de la impunidad para las violaciones de derechos humanos.
Esperar de fiscales, magistrados y jueces venezolanos que eventualmente hagan justicia es un despropósito jurídico, pero además eso conlleva un despropósito aun mayor ético y moral, al continuar exponiendo al pueblo venezolano a las políticas sistemáticas de crímenes de lesa humanidad del régimen venezolano sin accionar los instrumentos de imputación de cargos y detención de responsables por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El respeto de garantías y condiciones de Estado de Derecho requiere acción y no inacción internacional.
