Más 2.400 personas fueron detenidas tras las elecciones del 28 de julio, algunas acusadas por la Fiscalía de «terrorismo», sin que se sepa exactamente cuántas, un delito «amplio» en el marco jurídico del país, según expertos, quienes advierten que, por tanto, «cualquier cosa cabe» para que alguien sea señalado como terrorista.
El abogado Joel García dijo que a los detenidos «les imputan por igual terrorismo, pero no individualizan las conductas», lo que contraviene -dijo- uno de los principios básicos del derecho, que establece que la responsabilidad penal es individual.
El letrado explicó que se han realizado audiencias «masivas» en las que se lleva a cabo el proceso judicial «vía telemática» a los detenidos de «forma colectiva».
Para García, la acusación de terrorismo es «un patrón sistemático y generalizado» contra la población «disidente» al régimen de Nicolás Maduro, algo que -afirmó- se vio, aunque con «más selectividad», en las protestas antigubernamentales en 2014, 2017 y 2019, pero «la diferencia» es que, durante esos años, los detenidos «podían designar defensa privada», como contempla la ley.
Asimismo, afirmó que a los detenidos en las protestas poselectorales los representan defensores públicos, lo que no permite «una contraparte» que «refute» las acusaciones, pues considera que funcionarios adscritos al Poder Judicial «cumplen instrucciones y no pueden hacer mayor cosa».
Sin una defensa privada -manifestó- no se puede acceder al expediente del detenido ni refutar las pruebas acusatorias, pues -afirmó- si el defensor público hace esto puede ser «víctima de destitución» y hasta de «detención».
Una legislación «muy precaria»
García consideró que la legislación venezolana en materia de terrorismo «es muy precaria» y «no está adaptada a los estándares internacionales», pues se incluyen varios actos de este tipo, como «atentados contra la vida de alguien» o la «interrupción del suministro de agua» para «poner en peligro vidas humanas», entre otros.
«El terrorismo es mucho más grave que eso. Es la subversión del orden constitucional, coaccionar a Gobiernos u organismos internacionales, causar un estado de miedo constante a la población», manifestó.
Por otra parte, el abogado recordó que la figura del juez especializado en terrorismo fue creada en 2012 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero «no existe» un marco jurídico que detalle sus atribuciones.
Asimismo, prosiguió, quienes juzgan «no son tribunales», sino «personas» con competencia en terrorismo, por lo que esta atribución está «mal creada», pues si el juez -expresó- se «muere», la competencia en terrorismo también.
«Terroristas» por doquier
La administración de Maduro señala como «terroristas» a los detenidos en protestas poselectorales, desatadas en todo el país contra el resultado oficial que dio la reelección a Maduro, un resultado que la mayor coalición opositora considera «fraudulento», pues asegura que el vencedor fue su abanderado, Edmundo González Urrutia, ahora exiliado en España.
La Fiscalía también los califica como «terroristas» y los acusa de «vandalismo» y «violencia», pese a que varias ONG y familiares de detenidos aseguraron que algunos fueron apresados en sus domicilios, sin ni siquiera haber participado en las manifestaciones.
La Misión Independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela dijo haber confirmado al menos 158 menores detenidos, algunos acusados por «terrorismo», un fenómeno que el grupo «no había identificado» desde 2019, cuando inició su trabajo.
Por Ricardo Barbar / EFE
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