La presidenta del partido Encuentro Ciudadano Delsa Solórzano, reiteró que -tal como lo indica el informe presentando este martes por la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU- las detenciones arbitrarias y torturas ordenadas por Maduro tras las elecciones presidenciales, constituyen crímenes de lesa humanidad.
«En particular se ha configurado el crimen de persecución basado en motivos políticos, previsto en el Estatuto de Roma», destacó Solórzano agregando que el informe resalta que existe un patrón de persecución particular contra la dirigencia de los partidos políticos de la oposición.
«El informe señala que las violaciones y crímenes fueron cometidos en cumplimiento de una política estatal diseñada para ‘silenciar, desalentar y sofocar’ a la oposición. La coordinación entre el Ejecutivo, las fuerzas de seguridad y el sistema judicial demuestra que estas acciones fueron ordenadas y respaldadas por los más altos niveles de poder estatal», dijo.
La también defensora de derechos humanos destaca que el perfil de las víctimas es: miembros de partidos políticos, miembros de ONG y defensores de DDHH, periodistas, opinadores y creadores de contenido, militares, niños y familiares de los antes mencionados.
Solórzano enumeró las torturas y tratos crueles que aplica el régimen y que destaca el informe: Golpes con planchas de madera o bates envueltos en goma espuma; descargas eléctricas, incluidos los genitales; inmersión en agua helada; privación forzada del sueño; sentarse desnudos en planchas heladas; amenazas contra familiares y violencia, tortura y violación sexual.
«El informe documenta al menos 25 muertes en las protestas post-electorales, la mayoría por disparos, con la participación de fuerzas de seguridad y grupos civiles armados afines al gobierno. Según el MESEVE, 23 de esas muertes fueron responsabilidad de: 10 de la FANB, 2 de la PNB, 6 de los Colectivos Paramilitares, 2 ocasionadas conjuntamente por cuerpos de seguridad y cuerpos para estatales», reseñó.
La Misión destaca que se practicaron cerca de 2000 detenciones arbitrarias, de las cuales al menos 158 fueron de niños, sin asistencia legal adecuada, sin audiencias imparciales y sin abogados de confianza. No hubo órdenes de detención, ni tampoco órdenes de allanamiento de morada.
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