La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) hizo este martes un llamado a la Corte Penal Internacional (CPI) para que incorpore a su investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela tres recientes muertes de presos políticos que fueron detenidos arbitrariamente en el contexto de las protestas poselectorales.
En un comunicado, la coalición opositora pidió a este tribunal de La Haya y, en general, a la comunidad internacional y defensores de derechos humanos que, ante «estos sucesos que hoy enlutan a familias venezolanas», documenten esos «dolorosos casos».
El pasado lunes se conoció la muerte en la cárcel de Tocuyito de Osgual Alexander González Pérez, de 43 años, detenido el 1 de agosto junto con su hijo, de 19. Este caso se sumó al de Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, detenido el 2 de agosto junto con su esposa y fallecido el pasado jueves; y al de Jesús Manuel Medina Martínez, de 36, aprehendido el 29 de julio, quien murió el pasado noviembre.
La PUD condenó «las muertes de ciudadanos bajo custodia del Estado que, lamentablemente, han sido verificadas, por la falta de atención médica oportuna».
La coalición opositora denunció la situación que «sufren los presos políticos y comunes en las cárceles venezolanas son violatorias de los derechos humanos y se constituyen en delitos para quienes tienen la responsabilidad de brindar la debida y oportuna asistencia médica y no la garantizan».
«Esta denegación de acceso a la salud ha ocasionado la muerte de varios ciudadanos, a quienes se les negó la debida atención médica, a pesar de que, en muchos de los casos, han sido hechos públicos y notorios las solicitudes y denuncias de sus familiares», aseguró el bloque.
Por tanto, exigió la libertad de «todos los presos políticos» en Venezuela -cifrados en 1.913 por la ONG Foro Penal- y «justicia para las víctimas y sus familiares».
Con información de EFE
