El más reciente informe anual de Amnistía Internacional revela una situación alarmante en Venezuela, marcada por una represión violenta de las protestas postelectorales, con al menos 900 personas detenidas arbitrariamente, reportes de tortura y un deterioro constante de las condiciones de detención. Esta grave crisis de derechos humanos ocurre en un contexto regional preocupante por expulsiones masivas de personas venezolanas migrantes, que vulnera todos los acuerdos y pactos internacionales sobre la protección de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
El informe detalla cómo, tras el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales de julio, las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y grupos armados civiles progubernamentales, reprimieron con fuerza excesiva las manifestaciones. Al menos 24 personas perdieron la vida entre el 28 de julio y el 1 de agosto, muchas de cuyas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Entre las víctimas se encontraban dos menores de edad.
La escalada represiva incluyó miles de detenciones arbitrarias por motivos políticos contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas. Para octubre, la ONG Foro Penal había documentado más de 1.900 detenciones, incluyendo la de 129 niños. Muchos de los detenidos fueron víctimas de desaparición forzada durante varios días y obligados a comparecer ante tribunales antiterroristas sin las debidas garantías procesales. Se imputaron cargos genéricos relacionados con terrorismo, y los juicios carecieron de imparcialidad e independencia. En la actualidad, 896 personas se encuentran detenidas arbitrariamente por motivos políticos, y se desconoce el paradero de otras 62.
Amnistía Internacional expresa profunda preocupación por las denuncias de tortura y otros malos tratos infligidos a los detenidos, incluyendo niños y mujeres. Se documentaron casos de golpizas, asfixia, descargas eléctricas, amenazas y violencia sexual. Las víctimas fueron obligadas a realizar declaraciones autoinculpatorias que luego fueron utilizadas en procesos judiciales, en flagrante violación del derecho internacional. Las condiciones de detención continuaron deteriorándose, caracterizadas por hacinamiento, falta de acceso a alimentos y agua potable, y atención médica inadecuada.
Expulsiones masivas de venezolanos
La crisis humanitaria en Venezuela continuó profundizándose, obligando a más de 7,89 millones de personas a huir del país. Los venezolanos en el extranjero enfrentaron expulsiones ilegales, detenciones administrativas prolongadas y dificultades para acceder al estatuto de refugiado o protección internacional. En los países receptores, muchos sufrieron pobreza, xenofobia y obstáculos para acceder a servicios básicos.
La reciente expulsión de 238 personas venezolanas de Estados Unidos a El Salvador, a pesar de una orden judicial que prohibía expresamente su traslado, representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno del presidente Donald Trump.
Criminalización de defensores de derechos humanos
Los defensores de derechos humanos enfrentaron una creciente hostilidad por parte del gobierno. Se aprobó una ley que otorga amplias facultades discrecionales al Estado para restringir, sancionar o cerrar organizaciones no gubernamentales conocida como Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro. El Centro para los Defensores y la Justicia documentó un alarmante aumento de ataques contra defensores, pasando de 524 en 2023 a 979 en 2024.
Destacados defensores como Javier Tarazona y Rocío San Miguel fueron detenidos arbitrariamente, y en el caso de San Miguel, incluso desaparecida forzadamente por varios días, lo que condujo a la expulsión del personal de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) del país. El periodista Carlos Julio Rojas y el abogado Kennedy Tejeda también continúan detenidos de forma arbitraria en Venezuela por el ejercicio legítimo de su actividad.
Estas personas son presas de conciencia y deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones. Amnistían Internacional pide al gobierno venezolano se pongan en libertad con carácter de urgencia y que, mientras estén bajo custodia del Estado, se protege su vida y su seguridad, así como su derecho a no sufrir tortura y las garantías de un juicio justo.
Restricciones a la libertad de expresión y de reunión
La libertad de expresión y de reunión también sufrieron graves restricciones. Se registraron al menos 507 violaciones del derecho a la libertad de expresión, incluyendo la detención arbitraria de al menos 12 periodistas durante o después de las protestas postelectorales. Se confiscaron equipos de trabajo, se impidió la cobertura informativa crítica y, en algunos casos, se obligó a los periodistas a entregar sus contraseñas y acceder a sus cuentas personales.
El gobierno, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), ordenó el cierre de al menos 14 emisoras de radio y censuró la información sobre las protestas. El acceso a redes sociales como X (anteriormente Twitter) fue restringido, y se registraron ataques de phishing contra cuentas de periodistas.
Persiste la discriminación y pobreza sistemática
El informe de Amnistía Internacional también destaca la grave situación de los derechos económicos y sociales en Venezuela. Persistieron altos niveles de pobreza, con el 82% de la población viviendo en esta condición y el 53% en pobreza extrema. El salario promedio no alcanza los 3 dólares mensuales.
La población continúa careciendo de acceso adecuado a alimentos, agua y atención médica, con un sistema de salud pública colapsado y escasez de medicamentos esenciales.
Los derechos de las mujeres y las personas LGBTI siguieron siendo vulnerados. El aborto permaneció penalizado, y se registraron numerosos casos de violencia de género y feminicidios. No se observaron avances significativos en la garantía de los derechos de las personas LGBTI.
La minería ilegal en la zona del Arco Minero del Orinoco continuó amenazando los derechos de los pueblos indígenas, provocando desplazamientos, contaminación y destrucción de sus territorios.
A pesar de esto, el mandato de la Misión de determinación de los hechos sobre Venezuela fue renovado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo que subraya la persistencia de graves preocupaciones a nivel internacional.
Amnistía Internacional reitera su llamado a las autoridades venezolanas para que cesen de inmediato la represión, liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente, garanticen el debido proceso y la integridad física y psicológica de los detenidos, y permitan el acceso irrestricto a organizaciones internacionales de derechos humanos. La organización también insta a la comunidad internacional a mantener la presión sobre el gobierno venezolano para que rinda cuentas por las graves violaciones de derechos humanos documentadas en este informe.
Asimismo, Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por las recientes expulsiones masivas de ciudadanos venezolanos en la región, como la ocurrida en Estados Unidos, y subraya la necesidad de garantizar el respeto de sus derechos humanos y el acceso a la protección internacional.
