El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó un informe que denuncia la anulación de los pasaportes de defensores de derechos humanos y periodistas venezolanos y alerta de que es un patrón sistemático del Estado como consecuencia de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
De los 40 casos documentados por el CEJIL de periodistas y defensores de derechos humanos, tres tienen anulado el pasaporte de su núcleo familiar y 35 descubrieron la anulación de sus pasaportes al siguiente mes de las elecciones.
La mayoría de las personas afectadas no recibieron ninguna notificación de la anulación de su pasaporte y lo descubrieron al ingresar al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
«La anulación de pasaportes, sin base legal ni notificación oficial, se ha consolidado como herramienta de persecución para silenciar las voces de personas defensoras, al restringir su movilidad y el acceso a espacios de denuncia internacional», denunció el CEJIL en una nota de prensa publicada este viernes.
Un 75 % de las personas entrevistadas consideró que «su labor en el ámbito periodístico y en la defensa de los derechos humanos, al momento de la anulación, tenía un grado medio-bajo de exposición pública”, según el documento.
Una de las personas que brindó su testimonio en el informe aseguró que se trata de «una medida de retaliación». «Lo que he podido ver es que son mayoritariamente periodistas y defensores”, agregó.
El CEJIL hizo un llamado para que esta práctica sea condenada por la comunidad internacional y también solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) promover medidas excepcionales que reconozcan documentos vencidos o anulados que faciliten la movilidad migratoria de las personas afectadas por esta medida.
En mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ya habían denunciado estas «prácticas represivas destinadas a sembrar temor en la población civil» y «silenciar voces críticas».
«El Estado venezolano debe restituir los pasaportes anulados», reclamaron ambas organizaciones, que también pidieron a la comunidad internacional «activar todos los canales diplomáticos e institucionales disponibles para contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela».
El informe del CEJIL llega dos días antes de las elecciones municipales en Venezuela, que se celebrarán el domingo para elegir 2.806 cargos, de los cuales 335 son alcaldes y 2.471 son concejales.
EFE
