Los cinco jueces de la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil comenzaron a deliberar este martes sobre la posible condena del expresidente Jair Bolsonaro y de otros siete acusados por un supuesto intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.
La primera de las cuatro sesiones de esta fase de sentencia fue abierta por el juez Alexandre de Moraes, instructor del caso y quien presentará el primer voto del proceso en el que el líder de la extrema derecha es acusado de cinco delitos contra el orden democrático, por los que podría ser condenado a unos 40 años de prisión.
Tras el voto del relator, que se prevé que se prolongará durante unas dos o tres horas, tomarán la palabra los otros cuatro jueces del órgano: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala del Supremo.
Como ya hizo la semana pasada durante las primeras sesiones del juicio oral, el expresidente, de 70 años y actualmente en prisión domiciliaria, no tiene previsto comparecer ante el Supremo para escuchar la sentencia por motivos de salud.
El lunes, sus abogados solicitaron permiso a De Moraes para que el próximo domingo pueda someterse a una pequeña intervención en un hospital privado de Brasilia para la retirada de unas lesiones en la piel.
La corte ha programado sesiones diarias hasta el viernes para condenar o absolver a Bolsonaro y a siete de sus antiguos colaboradores, entre ellos exministros de su Gobierno (2019-2022) y altos mandos militares.
Seis de los ocho acusados son integrantes de las Fuerzas Armadas, incluido el propio Bolsonaro, quien es capitán de la reserva del Ejército.
Según la Fiscalía, el ex jefe de Estado conspiró con sus aliados para anular las elecciones de 2022, en las que se impuso el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, para imponer medidas excepcionales y para mantenerse en el poder.
La investigación indicó que la supuesta trama golpista buscó también detener a diversas autoridades e incluso puso en marcha un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes.
El fiscal general, Paulo Gonet, que actúa parte acusadora, ha pedido que los ocho acusados sean declarados culpables, pero no ha sugerido una pena.
En caso de condena, para lo que se necesita una mayoría de al menos tres votos, el ingreso en prisión no será automático, pues aún cabrían recursos ante el propio Supremo.
Aunque se considera poco probable, también existe la posibilidad de que alguno de los magistrados solicite más tiempo para analizar el caso. Si así fuera, el juicio oral se suspendería por un máximo de 90 días, con lo que se reanudaría a principios de diciembre.
EFE
