Un juez del Tribunal Supremo español ha acordado la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, en una decisión sin precedentes en España.
El caso se refiere a una filtración sobre el proceso por fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la región del Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular.
El juez Ángel Hurtado ha dictado un auto, que no es recurrible, en el que envía a juicio al fiscal general y da un plazo de díez días a su abogado para que presente su escrito de defensa frente a las acusaciones, que piden cuatro años de prisión e inhabilitación, salvo la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales que lo eleva a seis años.
En cambio, rechaza suspenderle cautelarmente de sus funciones, como pedía esta asociación.
Hurtado fija, además, una fianza de 150.000 euros a García Ortiz para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar, como costas o la multa contemplada para este delito, con la advertencia de que, si no la presta en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad.
Ahora corresponde a la Sala de lo Penal fijar la fecha de un juicio que será histórico, si bien fuentes jurídicas avanzan a EFE que previsiblemente se celebrará en noviembre por un tribunal compuesto por siete magistrados, según las normas de reparto.
Desde la Fiscalía rechazan hacer cualquier comentario por respeto al tribunal y al procedimiento, según señalan a EFE fuentes fiscales.
En su auto, Hurtado envía a juicio a García Ortiz por, «indiciariamente, haber revelado, en su condición de fiscal general del Estado, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo».
El fiscal general se sentará en el banquillo por la supuesta filtración de un correo electrónico enviado en febrero del pasado año a la Fiscalía por el abogado de González Amador en el que reconocía que el empresario había cometido delitos fiscales y proponía un pacto para evitar su entrada en prisión.
García Ortiz ha negado todo momento la filtración y ha defendido su inocencia.
Batalla judicial y política
El caso de García Ortiz ha elevado la tensión entre el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y el líder de la oposición, el Partido Popular.
Tras conocer la decisión del Supremo, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha insistió en su apoyo al fiscal, que «ha defendido la verdad» y «perseguido el delito», aunque ha expresado también el «máximo respeto» por las decisiones judiciales.
Desde las filas del PP reclaman la dimisión inmediata de García Ortiz por una cuestión «ética y moral».
El enfrentamiento entre Gobierno y oposición por la situación del fiscal general del Estado se puso de manifiesto en la reciente apertura del año judicial, con la inusual ausencia del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.EFE
